Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron hoy en La Habana que efectivos de esa organización asesinaron el 3 de agosto pasado al “líder étnico Genaro García” en el suroeste de ese país y afirmaron que sancionarán a “todos los involucrados en la comisión de dicho delito”.
“Actos tan repudiables no pueden volver a cometerse” por unidades de las FARC, dijo a la prensa el comandante Pablo Catatumbo antes de incorporarse a las negociaciones paz con representantes del gobierno colombiano, que continúan en la capital cubana.
La semana pasada las FARC condenaron "categóricamente" el asesinato de García, líder de los desplazados por la violencia armada en el sur de Colombia, quien contaba con protección especial por diversas amenazas de muerte.
La representación de la ONU en Bogotá denunció por esos días que 69 defensores de derechos humanos y líderes comunitarios habían sido asesinados en Colombia en 2015, ante la cual pidió la protección del gobierno.
Hechos como el asesinato de Genaro García “golpean directamente los procesos de organización y de lucha popular con los que nos sentimos identificados, contradicen la política” de las FARC y “constituyen una preocupación agravante a la luz de nuestra legislación interna”, dijo Catatumbo.
El gobierno y las FARC se culpan mutuamente por la confrontación armada en Colombia, que en medio siglo registra 220 mil muertos y seis millones de desplazados. En ese país operan además otra guerrilla de izquierda, el llamado Ejército de Liberación Nacional, bandas paramilitares de derecha y otros grupos armados vinculados al narcotráfico.
El principal negociador del gobierno, Humberto de la Calle, no hizo comentario alguno sobre el reconocimiento de la FARC. Ambas partes negocian desde noviembre de 2012 un acuerdo general de paz y estarían en la recta final de esas discusiones, según han dicho por separado, aunque de momento “es imposible vislumbrar tal acuerdo”, en opinión de analistas en La Habana.
Entre los temas pendientes figura el referido a si, de firmarse la paz, se abrirían procesos judiciales contra los guerrilleros y de qué forma éstos entregarían sus armas. “No estamos negociando la paz para ir a la cárcel”, ha dicho la FARC, mientras sectores políticos colombianos opuestos a estas conversaciones insisten en que los insurgentes “deben someterse a la justicia”.
