La Asamblea Nacional respaldó la activación de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela y exhortó al Consejo Permanente de la OEA a que active los mecanismos para garantizar las elecciones y que se atienda con urgencia la crisis que enfrenta el país.
La mayoría opositora del Congreso aprobó, sin la presencia de los diputados oficialistas, un acuerdo de apoyo para que se aplique un artículo de la Carta que autoriza a cualquier Estado miembro o al secretario general de la OEA a convocar al Consejo Permanente.
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La oposición fundamentó su decisión alegando que en los últimos meses se agudizó el "desmantelamiento de la institucionalidad democrática", la "persecución política" y la crisis humanitaria.
Con estas medidas, la Asamblea busca garantizar la realización de elecciones, la liberación a los llamados "presos políticos", la apertura de un canal humanitario para permitir el ingreso al país de medicinas y alimentos, y el respeto a las atribuciones del Legislativo.
"Nuestra lucha no es por una intervención, es por cambiar a un gobierno que sí se arrodilló ante otros", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Julio Borges, al rechazar las críticas que realizaron las autoridades venezolanas contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que fue acusado de promover un intervencionismo y alentar el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El acuerdo del Congreso se da luego que Almagro exhortara a los países de la organización a suspender a Venezuela sí el gobierno de Maduro no realiza elecciones generales a la brevedad.
Almagro entregó un informe al presidente del Consejo Permanente, el embajador beliceño Patrick Andrews, para actualizar un escrito de mayo pasado en el que invocó la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves.
El Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a ese país de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 Estados miembros.
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