Sin un horizonte de solución a corto plazo, el “shutdown” —o cierre del gobierno federal de Estados Unidos— tiene un costo generalizado en el crecimiento de la economía de 15 mil millones de dólares, entre 0.1 y 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la semana, en el suministro de servicios, volatilidad bursátil y, por primera vez, en la amenaza presidencial de despidos masivos, a raíz de los desacuerdos presupuestales entre republicanos y demócratas.
A días de iniciado el primer “shutdown” del segundo mandato de Donald Trump, las perspectivas de una arreglo de corto plazo son improbables debido a las exigencias de los demócratas para rechazar los recortes a los subsidios de Obamacare y Medicaid.
Por ello, algunos no descartan la repetición del cierre de 2018—2019 debido al desacuerdo sobre el muro en la frontera con México y que se extendió por 35 días, el más largo de la historia.
“Este cierre tiene un impacto en la economía de una manera muy desastrosa en ciertos aspectos”, dice en entrevista Alejandra Castillo, ex secretaria adjunta de Comercio en la administración Biden.
“Por ejemplo, en lugares donde hay presencia de trabajadores federales, como Washington, Atlanta y Houston, este cierre va a impactar a los empleados, con lo cual se genera una cadena de impacto, porque no van a ser pagados. Gradualmente esto comenzará a golpear a la economía en general”.
Un memorando del Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, basado en análisis de Goldman Sachs, Financial Services Technology (Fiserv) y la Reserva Federal (Fed), estima que un cierre de un mes reduciría el gasto de los consumidores en 30 mil millones de dólares, la mitad por impactos directos en los empleados federales y el resto por efectos indirectos en otros sectores.
“El análisis del CEA indica que el cierre podría tener amplios efectos económicos que reducen las perspectivas de Estados Unidos mediante un menor crecimiento, un mayor desempleo, así como interrupciones en la seguridad social, los viajes aéreos y el apoyo nutricional a las mujeres con bebés. Estos efectos se intensificarán cuanto más se prolongue el cierre”, de acuerdo con el documento obtenido por Político.
El “shutdown” del muro con México
Como precedente más inmediato, el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos —que ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019— fue el más largo de la historia de ese país (duró 35 días) y se produjo por un desacuerdo sobre la financiación del muro fronterizo con México.
Entonces, Trump, en su primer mandato, exigía que el Congreso aprobara unos 5.7 mil millones de dólares para financiar la construcción de una parte del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de sus principales promesas de campaña. Los demócratas se opusieron categóricamente.
Al no lograr un acuerdo, expiraron los fondos para varios departamentos y agencias federales, lo que obligó a un cierre parcial del gobierno a partir del 22 de diciembre de 2018. Cientos de miles de empleados federales se vieron obligados a trabajar sin paga o fueron suspendidos temporalmente de sus funciones.
El cierre terminó el 25 de enero de 2019, cuando Trump aceptó un acuerdo de financiación temporal que reabrió el gobierno, pero sin incluir los fondos solicitados para el muro.
Poco después, el republicano declaró una "emergencia nacional" para intentar obtener los fondos por otra vía. Lo hizo desviando el presupuesto asignado al Pentágono. Cuando perdió su reelección, el presidente Joe Biden suspendió la mayor parte de la construcción.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total de ese cierre se calculó en 11 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones se consideran pérdidas permanentes. Este impacto no solo reflejó la parálisis administrativa, sino también la incertidumbre política que golpeó la confianza del mercado.
Reparto de culpas
En el centro de la disputa del nuevo cierre se encuentra el cálculo de los demócratas sobre usar el presupuesto como arma política para forzar la mano de la Casa Blanca a fin de revertir los recortes a Medicaid, el programa médico para personas de bajos ingresos, y a los subsidios a Obamacare que vencen de manera inminente.
“La crisis de la atención médica republicana es inmoral por naturaleza, y los demócratas están luchando con ahínco para revertirla”, justificó el miércoles 1 de octubre el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
“La crueldad es el punto clave en el Partido Republicano”.
Aunque la Casa Blanca y los republicanos aseguran que están dispuestos a negociar, existe como condición previa, por parte de los demócratas, que el gobierno reabra sus puertas y que se apruebe una resolución en trámite en el Congreso para extender el plazo hasta el 21 de noviembre.
Hasta el momento esa propuesta ha sido derrotada en el pleno del Senado, pero tres demócratas dieron la espalda a su líder. Los republicanos necesitan otros cinco desertores para llegar al número mágico de 60.
Un nuevo sondeo de The Washington Post muestra que los demócratas quedan mejor parados ante el reparto de culpas y su jugada de colocar el tema de salud en la mesa les ha dado más dividendos que la propaganda republicana de que sus adversarios buscan dar cobertura médica a millones de inmigrantes indocumentados.
Un 47 por ciento de los votantes estadunidenses considera que los republicanos tienen la mayor responsabilidad en el cierre, mientras que sólo 30 por ciento piensa lo mismo de los demócratas. Un 23 por ciento no sabe qué pensar. Históricamente, el partido percibido como intransigente suele pagar en aprobación.
Riesgos y cautela de la Fed
A pesar de los riesgos económicos, ni la Casa Blanca, ni los republicanos en una esquina o los líderes demócratas del Congreso en la otra, han dado su brazo a torcer.
No existen negociaciones formales y, aunque están programados votos este viernes, es improbable que se registre una deserción demócrata que permita destrabar el estancamiento.
Más aún, la Casa Blanca ha hablado de despidos, recortes y reestructuraciones de agencias en pleno cierre, lo que según un análisis podría aumentar el coste político sin servicios visibles. Si el cierre retrasa datos económicos, crece la probabilidad de que la Fed opte por más cautela y eso puede erosionar la confianza del consumidor y del inversor.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que un cierre del gobierno federal cuesta aproximadamente 400 millones de dólares diarios en compensación para los empleados suspendidos.
Esta cifra no incluye otros daños económicos sustanciales a largo plazo que la CBO ha documentado en cierres anteriores, como la pérdida de producción económica, que puede ser más profunda que en 2018 si Trump cumple su amenaza de despidos masivos.
MD
