Si el gobierno de Tlaxcala aceptara y reconociera que el delito de trata de personas es delincuencia organizada, Estrella y los integrantes de su familia no vivirían atemorizados ni amenazados, y toda la red de tratantes que la enganchó, la retuvo y la trasladó al mercado de la explotación sexual forzada estaría, como dice el dicho, tras las rejas.
Pero no es así; de todos los integrantes de la red de tratantes de personas que la explotó sexualmente, dentro y fuera de México, solo ha sido capturado uno, el que ejerció el rol de reclutador y proxeneta.
Los demás siguen libres y beneficiados por el discurso público de un gobierno que asegura que en Tlaxcala no hay delincuencia organizada, a pesar de que el delito de trata de personas, con todas sus finalidades de explotación, sí encaja en esa modalidad delictiva y de que organizaciones nacionales e internacionales así lo reconocen, y desde esa perspectiva lo investigan.
Para la Organización International de Policía Criminal (Interpol), “la trata de personas es una forma de delincuencia organizada internacional, valorada en miles de millones de dólares, que constituye esclavitud” y “que se vincula a una serie de delitos como flujos de capital ilícito, uso de documentos de viaje fraudulentos y ciberdelincuencia”.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), considera a la trata de personas como una actividad de “delincuencia organizada transnacional” que afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino. Según esa organización internacional, “la trata de personas es un delito de carácter tanto regional como interno, ya que las víctimas son objeto de trata dentro de su propio país, hacia países vecinos e incluso de un continente a otro”.
Las redes de trata de personas no son improvisadas, tienen un esquema sólido de integración y una ingeniería bien planeada para operar con impunidad y conexiones policiales, judiciales y políticas, tanto a nivel local, nacional e internacional.
Estrella, nombre ficticio de una mujer sobreviviente de trata de personas con fines de explotación sexual, fue víctima de una red de la que solo ha sido aprehendido, Francisco 'N', quien con la táctica del enamoramiento la reclutó, le prometió matrimonio, la presentó a su familia y luego la obligó a ingresar al mercado de la explotación sexual forzada, bajo violencia y amenazas de hacerle daño a los dos hijos que ella procreó con él.
Esta red, que la explotó sexualmente durante tres años, está beneficiada, presuntamente, por un supuesto trato o negociación formalizado por la titular del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Gabriela Hernández, en representación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Así lo relató doña Irma, madre de Estrella, el 28 de septiembre de 2022, día en que los integrantes de la primera Red de Víctimas del Estado de Tlaxcala se reunieron en el patio del Congreso local donde, de viva voz, dieron su testimonio de lo que han vivido como agraviados, directa o indirectamente, de un delito.
“Hay un culpable de todo esto, hay nombre, hay apellido, hay una investigación y la están dejando en el abismo (…) Quiero justicia, exijo justicia”, dijo con voz entrecortada; y para ella no es pedir un favor a la PGJE, sino un derecho que tiene, una vez que su hija escapó de la red de tratantes que la explotaba y de que los hijos de ésta; es decir, sus nietos, fueron rescatados también de los tratantes.
Doña Irma exigió justicia desde el patio del Congreso de Tlaxcala; días antes, también lo hizo desde el Palacio de Gobierno donde está la oficina de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien, desde el púlpito de la Cámara de Diputados, el día que tomó protesta, prometió un gobierno con perspectiva de género y quien, durante su campaña electoral, se comprometió a combatir la trata de personas dentro del territorio tlaxcalteca, pero en palabras de las víctimas de este delito y de representantes de la sociedad civil, siguen a la espera de que cumpla.
La Fiscalía General de la República (FGR) reconoce que el delito de trata se divide en las fases de captación o enganche, traslado y explotación, en las que participan los reclutadores que pueden operar, individualmente o en redes, a través del secuestro, rapto, amenaza, engaño y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima.
Al eslabón de los reclutadores o enganchadores se suma, el que transporta y transfiere o entrega a la víctima, el que la recibe, quien la aloja, el que la retiene con fines de explotación y el que la explota. Esa es una red de trata de personas y así es como se constituye ese delito como delincuencia organizada.
Mi problema es aquí en Tlaxcala
Irma exige justicia en Tlaxcala porque es en este estado donde se encontró con problemas en el proceso legal que emprendió en contra de la organización criminal que explotó sexualmente a Estrella, su hija, y retuvo a sus nietos.
Esos problemas de los que habla, los atribuye a un presunto trato del gobierno local con los tratantes para que estos continúen libres.
“Mi problema es aquí en Tlaxcala. La persona que dirige esta organización sigue libre. Es una docente”, dijo, en septiembre de 2022 al hacer público su testimonio en el patio del Congreso local.
Irma y Estrella presentaron una denuncia por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual forzada, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que estuvo a cargo del procedimiento hasta que logró la aprehensión de Francisco 'N', el reclutador y explotador de la víctima.
Luego remitió la investigación a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) para que continuara la indagatoria en contra de todos los integrantes de la red de tratantes que reclutó, transportó, transfirió, albergó, recibió, retuvo, amenazó y explotó sexualmente a Estrella, y también para que rescatara a sus dos hijos que los tratantes utilizaron para obligarla a explotar su cuerpo en el mercado sexual.
Francisco 'N' es el reclutador y explotador de Estrella, pero la red de tratantes de personas de la que él forma parte está integrada por su madre, Reyna 'N'; su padre, José Luis; además de Israel 'N', Santiago 'N', José María 'N', y Ángel 'N', originarios de Tenancingo, Tlaxcala, donde los vecinos saben que se dedican a tratar mujeres y a la venta de drogas.
Todos ellos están libres, beneficiados presuntamente por un trato al que llegaron con la titular del CJM, a cambio de que entregaran a los hijos de Estrella, a quienes tenían en su poder.
“Logramos recuperar a estos pequeños, pero ahora la encargada del centro de justicia para las mujeres dice que ella fue a negociar el rescate de mis nietos, no sé qué tenía que negociar, no sé qué negoció porque casi estaba por concluirse la orden de aprehensión para estas personas. Se quedó en un abismo la orden de aprehensión, hubo una negociación”, puntualizó doña Irma.
“No hay seguridad, no hay justicia, no hay nada. La procuradora, Ernestina Carro Roldán quedó muy formalmente que se iba a hacer justicia; no ha habido justicia porque hubo un trato, justicia no hay, la señora sigue libre”, agregó.
Irma tiene a sus nietos de regreso con ella, a su hija también, pero mientras los integrantes de la red de tratantes sigan libres y favorecidos por la impunidad, para ella no hay justicia, además de que teme por la seguridad de toda su familia y hasta por la de su asesor jurídico. “Ya hubo amenazas de muerte”.
Aseguró que los tratantes de los que ella habla han perfeccionado sus métodos de operación para reclutar y someter a la explotación sexual no solo a mujeres adultas o personas que psicológicamente “aguantan el dolor y se conforman”, sino que hay niños reclutados en esta red.
“Yo exijo justicia, exijo que la procuradora dé la cara, que nos diga qué es lo que está pasando. ¿Qué tratos hicieron con estas personas?, ¿Qué tratos están haciendo con la trata?, ¿los van a seguir dejando trabajar impunemente? Creo que esto se debe de acabar, no puede haber trato con estas personas; la procuradora debe actuar de la manera correcta porque no es solamente el caso de mi hija, sabemos que hay muchos, cientos de casos más que no dan a la luz”.
A pesar de su miedo y de las amenazas, doña Irma prefirió hablar públicamente del caso de Estrella porque de esta forma exige justicia, previene que haya más impunidad y porque no quiere que más familias vivan en carne propia lo que ella vive ahora.
“Me dijo la directora del centro de justicia, la señora Gabriela, ‘ya tiene a sus niños ¿qué más quiere?’. Quiero justicia, exijo justicia porque no es nada más que me hayan entregado a mis niños y ya me voy, no, tengo el compromiso con todas las mujeres, con todas las demás familias porque realmente no quiero que nadie más viva lo que mi familia, lo que mi hija, lo que yo vivo ahora”.
Irma, junto con su hija, se asumió como doblemente víctima; víctima de una red de tratantes de personas por la explotación sexual forzada que vivió su hija, y víctima de la injusticia que toleran autoridades que no hacen nada por ayudar a las víctimas.
“O sea, ‘ya tienen a los niños, ya qué más quieren, vivan felices’. No voy a vivir feliz, no voy a vivir tranquila hasta que esta señora esté tras las rejas como debe de ser porque es una organización y todos lo saben.
“Yo no estoy pidiendo, por favor, que me haga justicia, estoy exigiendo mi derecho, que haga justicia por mí, por las víctimas. La procuradora no está queriendo colaborar con las víctimas, ella conoce muy bien el caso de Estrella y no está haciendo nada, únicamente hace trato”.
Bandas que dañan como un gran capo, pero no es delincuencia organizada
“No hay delincuencia organizada en Tlaxcala”, dijo tajantemente el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, el 15 de febrero de 2022, durante una comparecencia ante el Pleno del Congreso local que solicitó conocer los resultados gubernamentales en materia de seguridad, prevención y combate de actividades delictivas.
Lo dijo, apenas unos días después de que en Estados Unidos fueron sentenciados, a casi 40 años de prisión, Los Meléndez, un grupo de delincuencia organizada que operaba de Tenancingo, Tlaxcala, a Nueva York, una red de trata de personas con fines de explotación sexual forzada.
Los cinco integrantes fueron detenidos en marzo de 2020 acusados de tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual, tráfico sexual de menores, prostitución interestatal, contrabando de extranjeros y conspiración de lavado de dinero.
Es decir, en Tlaxcala, a los tratantes de personas o explotadores, no se les investiga ni detiene como parte de una estructura de delincuencia organizada, sostiene Alejandra Méndez, del Centro Fray Julián Garcés (CFJG).
“Se sentencian a personas en lo individual y se desdibujan las redes, lo que se tiene que hacer es investigar redes de trata. Aquí de lo que estamos hablando es de redes, de delincuencia organizada, y ese es el énfasis”, puntualizó.
Agregó que esta dinámica de operación, tanto de las redes de tratantes como de las corporaciones policiales que supuestamente las persiguen en Tlaxcala, tiene antecedentes desde 2008 cuando el gobierno en turno también negaba en la entidad el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, a pesar de que las víctimas, desde ese entonces, ya daban nombres de tratantes y detalles sobre las rutas que utilizaban para transportarlas y transferirlas, así como los lugares de retención y de explotación.
De 2011 a 2020, Tlaxcala reportó 14 sentencias condenatorias contra tratantes de personas, pese a que existían, hasta ese año, más de 200 expedientes de denuncia por trata con fines de explotación sexual, según las investigaciones documentales que el propio CFJG ha hecho.
En 2022, en el marco de su Primer Informe de Gobierno, la gobernadora, Lorena Cuéllar, sostuvo que la trata en Tlaxcala estaba erradicada porque no había registro de una sola denuncia.
“Centrar la problemática solo en las denuncias es minimizar la problemática porque la cifra negra por cada denuncia que existe noventa y nueve no denuncian, ¿qué quiere decir?, que el problema es complejo y basta ir por los corredores de la trata para ver a las mujeres explotadas”, aseguró Méndez.
“Entonces es minimizar y no entender la problemática como realmente se vive. Ahí está la información, se han detenido tratantes tlaxcaltecas en Estados Unidos en el último tiempo. La problemática no solo se centra en las denuncias”, enfatizó.
El documento “Trata de Personas, aspectos básicos”, que coeditaron en 2006 la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional para las Migraciones, el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), refiere, ya desde ese año, que “la trata de personas está principalmente en manos de grupos de delincuencia organizada” y que “muchas veces son grupos pequeños y aislados, redes de delincuencia o de estructuras familiares organizadas; pueden ser amigos, conocidos o parientes cercanos a la víctima, cada uno especializado en una parte de la cadena” de la trata de personas, como la captación, transporte o explotación.
“Las organizaciones delictivas no actúan aisladamente, sino que establecen vínculos con otras formas de delincuencia organizada como el tráfico de armas y de drogas. Asimismo, crean redes de complicidades que actúan, a menor o mayor escala, como polleros, taxistas, empresarios, funcionarios públicos, agentes de seguridad y, en algunos casos, la propia sociedad civil que participa con su aquiescencia silenciosa”.
La Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional define, en su artículo 2, a un conjunto delictivo organizado como “un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
Aún con estos antecedentes, en febrero de 2023, el secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Ramón Celaya Gamboa, compareció ante el Congreso estatal, nuevamente con el discurso de que en esta entidad no hay delincuencia organizada.
“Tlaxcala no tiene delincuencia organizada, puntualmente no tenemos cárteles, no tenemos grupos de la delincuencia organizada”, apuntó.
Desde el Congreso local, aludió que son los medios de comunicación los que difunden esa información, pero según él, los organismos de inteligencia tanto federales como locales no refieren la presencia de delincuencia organizada en el territorio tlaxcalteca.
“Clarificar que en Tlaxcala no hay delincuencia organizada, ¿qué hay?, bandas de delincuentes, claro, que hacen el mismo daño que si fuera un gran capo”, puntualizó el funcionario.
Celaya Gamboa hizo esa afirmación, el 10 de febrero, y 14 días después, la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), detuvo en el municipio de Tenancingo, al sur de Tlaxcala, a Geovani 'N', alias El Gio, quien, junto con su hermano, Hugo 'N', lideraban una red de trata de personas que operaba en Tlaxcala, la Ciudad de México y Estados Unidos.
Hugo 'N' ya purga una condena en Estados Unidos, mientras que Geovani próximamente será extraditado a ese país acusado de tráfico sexual, fraude, prostitución, lavado de dinero y otros 12 cargos relacionados con la trata de personas, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El Gio, como se le conocía al proxeneta, y su hermano, engancharon con engaños, a por lo menos 30 víctimas de trata; y tuvieron la capacidad operativa para retenerlas, trasladarlas y explotarlas desde Tlaxcala a la Ciudad de México y hasta Nueva York.
Congelan iniciativas contra trata en el Congreso local
En materia de trata de personas, a nivel local, el Poder Legislativo ha hecho lo que le corresponde, impulsar leyes orientadas a contener el problema, pero las iniciativas están en la congeladora o guardadas en el cajón, sostuvo el diputado del PRD, Manuel Cambrón.
Y acusó directamente el grupo parlamentario mayoritario, representado por Morena y sus aliados, de obstaculizar esas propuestas de ley con tal de cuidar la narrativa de que en Tlaxcala no pasa nada y de que no existe la delincuencia organizada.
“Hay temas que no se quieren tocar, ni siquiera en el congreso, y que no han pasado a dictaminación en las comisiones porque, precisamente, cuidando esa narrativa de que en Tlaxcala no pasa nada, aprobar una iniciativa que vaya orientada a contener el problema de la trata sería reconocer un problema que, a todas luces, se quiere guardar abajo del tapete”, dijo.
Aseguró que es una operación “grosera” por parte del Gobierno estatal, a través de algunos diputados y con el control de su mayoría legislativa, para no dejar “pasar” las iniciativas de ley sobre trata de personas y otros temas “que no les gustan” y por eso “duermen el sueño de los justos y los guardan en el cajón”.
Cambrón, por ejemplo, presentó una iniciativa para prohibir la maternidad subrogada, luego de que conoció dos casos de mujeres en Tlaxcala que, a través de esa modalidad de gestación, fueron víctimas de trata de personas porque las retuvieron hasta que dieron a luz y luego, por dinero de por medio, las despojaron de sus hijos.
“Ese tema no ha sido tocado por los diputados porque no quieren entrarle a lo que ellos consideran temas escabrosos. Es la explotación de las mujeres con fines reproductivos y que también tienen que ver con condiciones de esclavitud porque se les encierra y se les obliga y después se comercia, se trata con los bebés; sin duda es una modalidad de trata”, acotó.
El legislador subrayó que la trata de personas va más allá de si hay denuncias o no, porque al menos en Tlaxcala basta con recorrer la Vía Corta, que es la carretera que conecta a Tlaxcala con Puebla, conocida como el corredor de la trata.
“Todo lo que conocemos como la vía corta está inundado de mujeres que son víctimas de trata y que se dedican a la prostitución, y son bandas de tratantes los que lo operan. Digamos que esa es la trata que está presente, pero está la trata de esos grupos organizados que exportan, que comercian a las mujeres a otros estados y otros países.
“En la medida en que un grupo de personas se coluden para cometer un delito y para lo cual utilizan infraestructura, recursos económicos, modus operandi, encuadra, desde luego, como delincuencia organizada, sin embargo, las autoridades estatales se han empeñado en negar su existencia, pues porque así conviene la narrativa del gobierno, decir que no hay delincuencia organizada, pero ese es uno de los modelos que está presente en Tlaxcala”, remarcó.
Comentó que esta modalidad de delincuencia organizada no surgió en cuanto inició la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar, sino que tiene años, pero no ayuda nada el negarlo.
Acentuó que negar la trata de personas como delincuencia organizada y basar su erradicación en el número de denuncias, no apoya a las víctimas, por el contrario, las invisibiliza y perjudica “profundamente” en su situación jurídica porque cuando acuden a denunciar, si las autoridades locales lo niegan, entonces no hay investigación.
Tlaxcala, hacia una zona de silencio
Por la apatía de las autoridades, la insistencia de negar que hay delincuencia organizada y de que la trata de personas es una de sus modalidades, así como por el miedo de las víctimas que han denunciado y no perciben justicia, Tlaxcala está en riesgo de convertirse en una zona de silencio en la que las posibilidades de abordar el tema de trata serán mínimas.
Así lo reconoció la diputada Blanca Águila Lima, quien subrayó que la trata de personas sí es delincuencia organizada y existe, a pesar de que no haya denuncias.
Se utiliza el término de zona de silencio en referencia a las regiones en las que existen grupos criminales que, por su peligrosidad, trabajadores de la prensa u otros personajes prefieren no tocar temas relacionados con actividades delictivas o reducir el flujo de información; aunque en otro extremo, el silencio ocurre por colusión.
“Si nadie lo dice, corremos riesgos importantes de que se exacerbe, de que se normalice y de que se contribuya a la apatía de los gobiernos porque conocido el tema sí es, sí es conocido. Las mujeres que están atrapadas en este problema, desde luego que viven presas del miedo por sus vidas y por sus hijos, entonces para estas personas es complicado que denuncien”, apuntó la legisladora.
En calidad de integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, del Poder Legislativo local, afirmó que no es problema de leyes porque estas ya existen y están escritas, independientemente de que deban perfeccionarse; lo que falta es voluntad de los gobiernos en sus diferentes niveles.
Águila Lima insistió en que se tiene que señalar, hablar y denunciar porque, de lo contrario, se seguirá normalizando, algo que no debe suceder.
“Entonces, en materia legislativa ya hay leyes, pero en materia de acción de gobierno para hacer una desarticulación real de esas bandas, pues lo tendrían que hacer, primero, demostrando que se quiere hacer; segundo, teniendo cooperación nacional e internacional”.
PGJE presume rescate, pero evita informar sobre red de trata
El día en que los dos hijos de Estrella fueron rescatados, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), presumió el rescate con un comunicado de prensa en el que evitó informar que esos niños estaban en poder de los integrantes de una red de trata de personas con fines de explotación sexual que explotó durante tres años a su madre.
Con ello, la dependencia quitó visibilidad y minimizó un problema público que implica la explotación de personas, la violación de derechos humanos y la operación de redes de delincuencia organizada en Tlaxcala, como son considerados los grupos dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual y demás fines de la trata.
Según el comunicado, que además fue remitido solo a algunos medios de comunicación previamente seleccionados, “una mujer interpuso la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común al no saber dónde se encontraban sus hijos”.
“Ante ello, se integró la carpeta de investigación de la que autoridades del CJM tuvieron conocimiento y, a través del trabajo de la Policía de Investigación, se hicieron las investigaciones respectivas que dieron como resultado la ubicación de los menores de edad.
“De forma inmediata, la titular del CJM, Gabriela Hernández Montiel y personal, acudieron al inmueble y al constatar su identidad, se realizaron los protocolos correspondientes para que fueran entregados a su progenitora”.
La PGJE presumió que, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, “mantiene su compromiso de brindar atención gratuita e integral con perspectiva de género para salvaguardar la integridad de las personas víctimas de violencia, sus hijas e hijos”, pero evitó hacer referencia a que los dos niños eran hijos de una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual y que estaban retenidos como medio para que ella continuara forzada en el mercado de esa modalidad de explotación.
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