Con demandas laborales por alrededor de 200 millones de pesos, el gobierno de Tlajomulco hizo un llamado al poder ejecutivo, legislativo y judicial del estado para que se revise y modifique el modelo de administración de justicia laboral en Jalisco
El alcalde, Alberto Uribe indicó que en días pasados fue requerido jurídicamente para pagar casi 3 millones de pesos a un funcionario de la administración Antonio Tatengo (2009), de lo contrario podría enfrentar sanciones por desacato.
Sin embargo, Uribe Camacho consideró que no se puede "despilfarrar el dinero público en mantener una mafia que hace saqueo sistemático” a las arcas municipales, del área metropolitana, en donde dice existen juicios presentados ante el tribunal de escalafón y arbitraje por más de dos mil millones de pesos, una cantidad que supera el presupuesto anual de Tlajomulco.
Además de hacer un llamado a los tres poderes mencionados, el mandatario presentará este mismo día una denuncia ante la Fiscalía del Estado para que investigue la posible comisión de delitos como fraude, falsedad de declaraciones y otros en contra de la administración de justicia, todos ellos en agravio del patrimonio del municipio que gobierna.
Señaló también que es insostenible el actual modelo de justicia laboral, comenzando por la designación de los magistrados, ya que uno de ellos es designado por el gobernador del estado, otro más por la federación de sindicatos, y un tercero, elegido en común acuerdo entre los dos árbitros.
Al congreso de Jalisco le solicita que se suba a una discusión en la que participen universidades, colegios y barras de abogados, para diseñar un verdadero modelo de impartición de justicia y los integrantes de este tribunal se seleccionen bajo exámenes de oposición y agregó que los municipios no tienen dinero para regalarle a lo que calificó como una "máquina de corrupción que consume en dinero público" que debería estar destinado a los servicios públicos.
MC
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