37 quejas por violencia sexual escolar en Tamaulipas, recibió en catorce años la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhet), siendo la quinta entidad con mayor registro de casos denunciados ante los ombudsman estatales. Se detectó que faltan programas para prevenir esta problemática y no se cuenta con una legislación específica para castigar penalmente, desconociéndose si se impone algún otro tipo de sanción.
De un total de 631 quejas por ese motivo ante los organismos estatales de defensa de derechos humanos, encabeza la lista el Estado de México con 164, siguiendo Jalisco con 98, Chiapas 51, Guanajuato 44 y Tamaulipas 37.
Así lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación General sobre la Prevención, Atención y Sanción de Casos de Violencia Sexual en contra de las Niñas y los Niños en Centros Educativos, en un análisis del año 2000 a agosto de 2014.
La CNDH advierte que se trata de un registro representativo, pues una gran cantidad de casos no son denunciados (por estigmatización, represalias u obstaculización del procedimiento) y en consecuencia, el problema permanece invisibilizado.
El órgano nacional también contabilizó las quejas presentadas ante autoridades educativas estatales. De 1, 997 a nivel nacional, Tamaulipas resultó con trece.
El DF tuvo 546, Veracruz 190 y el Estado de México 156, mientras que en Tlaxcala hubo 5, en Durango 3 y Nayarit reportó no tener quejas al respecto.
A la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos llegaron, procedentes de Tamaulipas, 16 quejas formales de un total de 190 en las que se señaló como autoridad responsable a la SEP y a las secretarías de Educación en los estados por abuso sexual, acoso sexual, acoso escolar, violación y tocamientos.
El reporte general precisa que 22 entidades dijeron contar con programas de prevención a la violencia sexual escolar: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, NL, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y el DF.
Campeche, Guerrero, Hidalgo y Chiapas no especificaron si contaban o no con proyectos de prevención de violencia sexual en centros escolares, mientras que Tamaulipas indicó no contar con un programa específico.
"Resulta sumamente delicado el caso de Tamaulipas, en el que se señaló que no existe ninguna estrategia para la prevención de la violencia sexual en las escuelas", apuntó el organismo.
La CNDH consideró que al no tener un plan de prevención, se incumplen los artículos 1°, párrafo tercero; 3°, párrafo segundo, y 4°, párrafos octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que se invisibilidad a las víctimas y se minimizan las consecuencias que la violencia sexual puede provocar.
Además de lo anterior, Tamaulipas no cuenta con normatividad específica contra la violencia sexual escolar, al igual que otros trece estados.
Se considera necesario que los estados que no disponen de esta legislación, adopten los lineamientos que existen para la atención de quejas o denuncias por violencia, maltrato, acoso escolar y/o abuso sexual infantil, en los planteles de educación inicial, básica, especial y para adultos de la Secretaría de Educación Pública Federal.
Lo anterior, para no dejar en estado de desprotección a las niñas y los niños que ejercen su derecho a la educación en centros educativos que carecen de estos lineamientos.
En cuanto a las sanciones que se deben imponer a los responsables de estas conductas, el reporte menciona que Tamaulipas no proporcionó información en este rubro. Otras entidades argumentaron que se regulan como sanciones administrativas, por medio de leyes relativas al trabajo de los servidores públicos en cada estado.
Sin embargo, la CNDH consideró "prioritario que las sanciones contra aquellos servidores públicos que incurran en faltas tan graves, como cometer o tolerar la violencia sexual en contra de niñas y niños, sean proporcionales con este tipo de conductas".
Planteó también que se debe prever que los responsables no vuelvan a estar en contacto con el alumnado, para protegerlo de futuras agresiones sexuales, y en situaciones de especial gravedad se debe considerar la inhabilitación definitiva del cargo como sanción. Asimismo, se estima pertinente que en el expediente de los servidores públicos implicados, quede señalado, a manera de antecedente, que han incurrido en faltas de este tipo.
La Comisión también ha señalado la importancia de que las instalaciones escolares no propicien esta clase de abusos, por lo que se debe tener especial cuidado en su diseño, construcción y disposición del mobiliario.
Y es que existen salones de clase, así como baños y aulas destinadas a la realización de actividades múltiples, que no permiten que se aprecie desde el exterior lo que está ocurriendo dentro. En otros casos, se encuentran aislados del resto del plantel, o adultos, niñas y niños comparten los sanitarios, lo que pone a los menores en riesgo de ser violentados, sin que nadie se percate de ello.
"Así, la autoridad educativa pone a los niños al alcance de personas que pueden llegar a abusar de ellos física, psicológica y sexualmente", puntualiza.
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