El gobierno del estado de Morelos suspendió el proceso de regulación de más de cuatro mil concesiones de taxis, debido a que fueron localizados procesos fuera de la legalidad o sospechosos de actos de corrupción, anunció la secretaria de la contraloría, Adriana Flores Garza.
"El Gobernador (Graco Ramírez) instruyó se suspenda el proceso iniciado el primero de enero de 2014, y se lleve a cabo uno nuevo procedimiento de regularización, cuyos detalles daremos a conocer en los próximos días".
En rueda de prensa, la funcionaria estatal informó que el proceso de reordenamiento legal de las concesiones para transporte sin itinerario fijo (como se le conoce al servicio de taxi), iniciado en 2014, regresará a su punto inicial para garantizar que todos los procesos sean conforme a la ley.
"Se trata del proceso publicado en el periódico oficial 'Tierra y Libertad', número 5153 de fecha primero de enero de 2014, para la regularización del transporte público de pasajeros, con y sin itinerario fijo, exclusivamente para la Zona Metropolitana conformada por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Tepoztlán, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec".
Flores Garza recordó que hace unas semanas, la dependencia que encabeza inició una revisión a la secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), donde los procedimientos revisados resultaron con severos cuestionamientos, por lo que también se ordenó el cese de cinco servidores públicos.
Agregó que el pasado 27 de marzo, y mediante oficio, se notificó al titular de la SMyT, Jorge Messeguer Guillén, el inicio de una Revisión de Cumplimiento que comprendió el periodo del primero de enero de 2014 al 31 de marzo de 2017, la cual, en su primera etapa, arrojó diversas inconsistencias en el proceso de regularización del transporte público.
"La revisión se realizó sobre un universo de cuatro mil 391 solicitudes de concesión; de éstas, al 30 de mayo de este año, se han otorgado y validado mil 034".
Detalló que las otras tres mil 357 solicitudes, no están en condiciones de continuar el trámite debido a las siguientes razones: la regularización del servicio público del transporte no se llevó a cabo de manera inmediata, como se instruyó en el Acuerdo del primero de enero de 2014; la información para participar en el proceso no se puso a disposición del público en general y no se registró el trámite de Regularización ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ente encargado de autorizar los trámites y ponerlos a disposición de los ciudadanos.
Además, todos los trámites realizados, no fueron efectuados de manera directa por los interesados, sino que fueron impulsados a través de terceros; se aceptó documentación improcedente, como solicitudes y constancias de residencia con fecha anterior a la expedición del Acuerdo de Regularización y se encontraron constancias de antecedentes no penales e identificaciones del INE con fecha posterior al acuerdo de Regularización; falta de cotejo con documentos originales y documentos alterados.
Aunque la contralora no dio nombres sólo cargos, de los funcionarios cesados, la página de transparencia de la dependencia precisó que los servidores públicos a los que se refirió la funcionario, fueron: el director general jurídico, Jesús López Lobato y el director general de administración, Jorge Xavier Guevara Ramírez.
También dejaron obligdamente su cargo, el director de procesos interno, Pierre Christopher Herera Barón; la subdirectora de servicios y concesiones: Ana Karen Flores Mota y el delegado de la SMyT en Cuautla, Noé Sandoval Morales.
Flores Garza detalló que la investigación realizada por la Contraloria, será enviada también a la Fiscalía Especializada en Delitos de Servidores Públicos. Adelantó que se revisarán debidamente los expedientes y se signará un acuerdo para mantener la comunicación con los concesionarios a fin de brindar mayor seguridad a los usuarios.
