Sigue la controversia en Zapopan por los cargos que le fincó la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a la cuenta pública 2015. Ayer, en sesión del pleno del Ayuntamiento, el gobierno municipal buscó apurar la aprobación de un punto de acuerdo para facultar al síndico a revisar con lupa dicho ejercicio. Sin embargo la falta de cabildeo y las dudas ante las facultades jurídicas del abogado del municipio hicieron que el Ejecutivo retirara la propuesta.
La ASEJ observó montos por mil 283 millones de 682 mil 630 pesos (mdp) a los primeros meses de la administración de Pablo Lemus Navarro (Notivox Jalisco, Mayo 22 de 2017). El auditor concluyó que hubo daño patrimonial en mil 269 mdp particularmente por subejercicios y por haber dejado de percibir ingresos derivados de la cesión de predios de 58 fraccionamientos.
El punto de acuerdo pospuesto busca dar "ciertas facultades jurídicas ejecutivas para el síndico", a fin de que pueda respuesta ante dos puntos específicos: ante el establecimiento de compromisos administrativos y financieros sin contrato, que motivó el que en el Informe Final de Auditoría del año 2015 emitido por la ASEJ al municipio de Zapopan, con fecha del 15 de mayo de 2017, se propusieran cargos como crédito fiscal a la autoridad municipal.
Y como segundo punto la autorización de fraccionamientos, desarrollos, condominios, o cualquier otra acción urbanística sin exigir el pago correspondiente de impuestos, derechos o la entrega de obras de urbanización, de áreas de cesión para destinos, con su equipamiento y áreas de cesión para vialidades, que en el mismo Informe arriba citado, motivó se propusieran cargos como crédito fiscal a la autoridad municipal bajo el rubro "fraccionamientos".
El alcalde Pablo Lemus Navarro explicó que la iniciativa fue retirada "porque todavía no hay un consenso y aquí las cosas nos gusta sacarlas por consenso, entonces vamos a seguir dialogando con las fracciones para que este punto de acuerdo pueda ser aprobado por unanimidad".
El primer edil comentó además no hay acuerdo respecto a que el síndico requiera la autorización del pleno del Ayuntamiento para estas ejercer estas funciones, puesto que hay regidores que consideran es una facultad ejecutiva. "Por lo tanto consideramos que es momento de bajarlo hasta no tener una validación jurídica externa", dijo.
Lemus dijo no estar en riesgo de ser sancionado. Y es que el gobierno municipal goza de un plazo de nueve meses para responder al requerimiento de la ASEJ, el cual vence en febrero del próximo año, es decir en escasos de cuatro meses.
SRN
