Macario Otalo Padilla, líder del Frente Popular Revolucionario (FPR), -organización aliada a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)- y que formó parte del conglomerado que construyó la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), aceptó que solicitó un amparo ante un juzgado federal para evitar ser detenido por las fuerzas de seguridad.
Lo anterior luego de ser notificado por su abogado que existe una orden de aprehensión en su contra por los delitos de vandalismo electoral y por destrucción y robo de libros de texto gratuito.
Afirmó que las imputaciones en su contra están prefabricadas con montajes y testigos falsos, por lo cual solicitó la intervención la averiguación previa integrada en la Procuraduría General de la República (PGR) para valer los argumentos y pruebas de defensa que corresponda.
Indicó que también tienen libradas órdenes de aprehensión otros simpatizantes más del FPR, entre estos las activistas Norma Aguilar y Citlalli Ortiz, -esta última secretaria de la mesa de debates de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quien hace un mes, denunció el robo de equipo de cómputo y documentos con información confidencial-.
También tiene orden de captura a Fernando Meza, integrante de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y simpatizante del FPR, Pedro García García, líder del FPR; Álvaro Carrillo García, vocero del Frente Único de Lucha y Alfonso Renero Bernabé, ambos integrantes del PFR.
Macario Otalo indicó que pese a la represión de estado y la criminalización de la protestas social por parte del gobierno federal y de Oaxaca, no van dejar de participar en movilizaciones callejeras, pues "sólo luchan para defender los derechos del pueblo".
También han presentado un amparo ante la justicia federal las líderes de la sección 22 de la CNTE, en el sector Valles Centrales y Ciudad Norma Cruz Vázquez y Carmen López Vázquez (a) La Jicayán, luego que se diera a conocer que también cuenta con órdenes de aprehensión libradas por jueces federales por diferentes delitos, principalmente por tomar la planta de abasto de PEMEX en la zona de Valles Centrales.
