El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por conducto de su magistrado presidente, Carlos Emilio Arenas Bátiz, respaldó el actuar y las decisiones tomadas por el juez de control que ordenó el encarcelamiento del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
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En entrevista posterior al arranque del segundo periodo de sesiones del Congreso Local, Arenas Bátiz señaló que por esta situación decidió asignarle más escoltas al juez de control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, para resguardar su integridad física.
"El juez actúa conforme a sus convicciones jurídicas, ese tema tiene un margen de debate, de ninguna manera se puede hablar de una actuación con dolo de parte del juez.
"Hablé con él en estos días, para reiterarle todo mi respaldo y la de la institución en la medida en la que fue tomada en una audiencia pública escuchando los alegatos de las partes y fue por lo tanto una decisión que correspondió a su convicción jurídica, en esa medida tiene todo el respaldo el juez Eufracio, lo mismo que el juez Jaime que había resuelto previamente ese asunto y que igual se enfrentó a críticas muy fuertes de parte del Gobierno", dijo.
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Admitió que por ser el caso de un ex gobernador, se tienen ambas partes con mucha influencia, con mucho poder y con mucha presencia en los medios.
"Por lo tanto, cualquier juez que participe en esos asuntos se ve expuesto a estos problemas", explicó.
Descartó que algún juez esté siendo sujeto a algún tipo de presión por parte de los litigantes tanto del Estado, como del ex gobernador Rodrigo Medina, al señalar que el nuevo Sistema de Justicia Penal se los impide porque hasta el día de la audiencia ambas partes saben quién es el que atenderá el caso.
"Yo gestioné para tranquilidad del juez (más número de escoltas de seguridad), insisto es un tema con mucha presencia en los medios y eso a cualquiera le afecta en su estado de ánimo", concluyó.
Este miércoles, la defensa legal del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz interpuso una denuncia en contra del juez Miguel Ángel Eufracio Rodríguez ante la Procuraduría General de la República (PGR) por haber desacatado el amparo provisional otorgado por un juez federal y dictarle como medida cautelar la prisión preventiva en el penal del Topo Chico.
mz
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