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Proponen en ALDF penas más severas a extorsionadores

El diputado perredista José Manuel Ballesteros planteó que se aumenten de dos a seis años de prisión a delincuentes que hagan creer a las víctimas su vínculo con el crimen organizado.

José Manuel Ballesteros López, diputado integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó al pleno una iniciativa de reforma y adición al Código Penal del DF para incorporar agravantes al delito de extorsión.

El legislador perredista propuso una reforma y adición al párrafo cuarto del artículo 236 del Código Penal del DF.

Ante el incremento del delito de extorsión en la Ciudad de México y para castigar con mayor severidad a los extorsionadores, expuso, se debe crear el agravante cuando el sujeto victimario emplee mecanismos o formas de amenaza que hagan creer a la víctima que en la comisión del delito tienen intervención grupos de delincuencia organizada o asociaciones delictivas, con lo que se constriñe su voluntad.

Lo anterior, pese a que en la mayor parte de los casos no están vinculados esos grupos delictivos, ya que el o los delincuentes aprovechan esa percepción con violencia generalizada para generar temor en la población.

En la iniciativa de Ballesteros turnada a comisiones, se plantea el aumento a la pena de prisión que en dicho párrafo se señala de dos a seis años, y quedaría como sigue:

"Artículo 236: Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de 100 a 800 días multa", se indica.

"Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de 60 años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.

"Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada.

"Se impondrá además al servidor o ex servidor público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.
A las penas señaladas en el primer párrafo, dijo Ballesteros, aumentaría de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; se emplee violencia física; o cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aun y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.

Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio para lograr el delito la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

El diputado perredista explicó que el objetivo es dar una respuesta eficaz a la ciudadanía, ya que es un problema social difícil de prevenir, erradicar y sancionar.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que en el Distrito Federal, este delito es el segundo de mayor incidencia, luego de robo en vía pública y transporte público, y por delante del delito de fraude.

En el caso de las víctimas de extorsión, se estima que en 2014 solamente denunció 10.7 por ciento y de esta cifra se inició 67.5 por ciento de averiguaciones previas ante el Ministerio Público, agregó.

“Desde esta Asamblea Legislativa debemos fortalecer y mantener un Estado de derecho, y de allí el compromiso de brindar leyes que permitan fortalecer a las instituciones de justicia sin menoscabo o limitación alguna.

"Debemos garantizar a las víctimas de los delitos el reconocimiento y debida aplicación de los derechos humanos que les son inherentes, debemos dar las herramientas necesarias para que las personas que infringen la ley penal sean debidamente castigadas y con ello permitir que todas y todos los ciudadanos que habitan y transitan en esta ciudad capital tengan una vida digna y libre de cualquier tipo de violencia”, añadió.

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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de Notivox DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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