La Ley de Austeridad y Ahorro, que entró en vigor este año, no prevé cómo debe revisarse quién la cumple. De esta manera, aunque la mayoría de los sujetos obligados no han elaborado ni siquiera su reglamento, no podrían ser sancionados. Pero además, para los pocos que han cumplido, tampoco hay mecanismos para verificar cómo lo están haciendo ni incentivos, sin contar que los recursos ahorrados no podrán quedarse en sus arcas para darles un mejor destino.
Por ello, el Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), el primer ente en cumplir con la ley y el único que se mantuvo así los primeros tres meses del año, propondrá desaparecerla.
Entre los entes que no han cumplido con la ley, está el Congreso del Estado, a pesar que fue una iniciativa que surgió de los diputados. Tampoco lo ha hecho el Poder Judicial ni la mayoría de los municipios. El Poder Ejecutivo aprobó lineamientos generales, pero no ha cubierto todas las obligaciones de la ley, que es lo mismo que hicieron los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan. Incluso, algunos sujetos obligados, como el Poder Judicial y la Universidad de Guadalajara, prefirieron irse a tribunales.
Hay pocos que han cumplido con lo señalado en la ley, como el Ayuntamiento de Tlajomulco y el Consejo Económico y Social (Cesjal). Este organismo propondrá a los diputados desaparecer la ley y aprobar una reforma que realmente se cumpla.
El argumento para hacerlo, es que se trata de una ley que no sirve, porque no se está cumpliendo. Para compensar esta propuesta de abrogarla, se propone una reforma en la materia, que establezca lineamientos reales que se puedan cumplir, así como la integración de un observatorio ciudadano que le dé seguimiento y vigile.
La propuesta será presentada este martes, en una sesión extraordinaria del pleno del Cesjal, a la que están invitados los coordinadores de las fracciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Rafael González Pimienta; Acción Nacional (PAN), José Luis Munguía Cardona; Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez Jiménez, y de la Revolución Democrática (PRD), Enrique Velázquez González, así como la vocal de la Comisión de Administración, la diputada Fabiola Loya Hernández, del Partido Movimiento Ciudadano (PMC).
El dictamen que contiene la recomendación para abrogar la Ley de Austeridad y Ahorro, del que este diario tiene una copia, señala que la mayoría de los 700 entes obligados a cumplir con la misma, no lo hicieron, lo que demuestra que dicha ley “no consideró la diversidad de las entidades reguladas y no creó incentivos para su cumplimiento”.
Se agrega que Cesjal está de acuerdo en impulsar políticas y programas de gobierno que “a la par de garantizar el funcionamiento óptimo de las instituciones, aseguren que éstas operen con la mayor austeridad y eficiencia posibles”.
Entre los defectos que señala la ley, está el que se establezca la obligación de informar de los recursos optimizados a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), que es además la que debe “retener los recursos y determinar su nuevo destino”. Esto, a pesar que los otros poderes, los ayuntamientos y los organismos públicos autónomos y descentralizados, “tienen personalidad jurídica y patrimonio propios”.
Además, señala Cesjal, se establecen restricciones en algunos gastos, como el de publicidad, sin tomar en cuenta que hay dependencias públicas que requieren de difusión de servicios o campañas informativas, como Salud; también en lo que se refiere a asesorías, cuando hay entes a los que costaría más caro o no sería viable tener una plantilla fija.
La propuesta que se hará a los diputados es la de abrogar la ley y reformar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la creación del Observatorio Ciudadano para la vigilancia de la austeridad y eficiencia del gasto público.
Recomendaciones
Abrogar la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios
Agregar un párrafo al artículo 1º de la Ley de Presupuesto, para establecer que “tiene por objeto el establecimiento y puesta en marcha de planes de eficiencia y austeridad por parte de los poderes del Estado, los organismos públicos autónomos, los municipios y las entidades públicas o privadas que reciban recursos públicos”
Agregar al artículo 7º de la Ley de Presupuesto que “los poderes del Estado, los organismos públicos autónomos, los municipios y las entidades públicas o privadas que reciban recursos públicos, al elaborar proyectos de presupuesto, diseñarán y presentarán sus planes de eficiencia y austeridad
La vigilancia, análisis y propuestas sobre los planes de austeridad y eficiencia del gasto público estará encomendada a un observatorio ciudadano, integrado por representantes de los sectores privado, público, social, académico y asistencial, integrantes de los medios de comunicación, organizaciones ciudadanas, especialistas y el Consejo Económico y Social
Realizar foros de análisis, para determinar las políticas de austeridad que deberá implementar cada ente, según sus características
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