El diputado independiente, Eugenio Montiel Amoroso, presentó ante el Pleno de Congreso una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley de Gobierno Municipal, con la intención de que sea obligatorio que los integrantes de los Cabildos definan si votaron a favor, en contra o en abstención, cuando se les presente un dictamen.
El legislador leyó la solicitud de reforma al artículo 97 en su fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además del artículo 55 de la Ley de Gobierno Municipal, con el objetivo de asentar el sentido de las votaciones de quienes integran los ayuntamientos.
"En razón de la importancia que revisten los asuntos que se ponen a consideración de los integrantes de los ayuntamientos, estos deben ser siempre transparentes, pues esta acción debe permitir que los funcionarios no evadan la responsabilidad para la que fueron elegidos por los votantes.
"Es muy importante que los ciudadanos conozcamos cuál es el sentido del voto que emiten cada uno de los integrantes de los ayuntamientos, pues hasta ahora, no existe un ordenamiento expreso que así lo establezca, quedando en el vacío la responsabilidad política y social que deben asumir cada uno de los integrantes de los Cabildos", expresó.
El promovente expresó que la relevancia política y social de las decisiones emanadas en los ayuntamientos obliga a que la ciudadanía tenga conocimiento del sentido en que emiten su voto regidores y síndicos, para que sean asentadas en las actas correspondientes de sesiones de Cabildo.
La iniciativa suscrita por los integrantes de la fracción parlamentaria de diputados independientes fue turnada a la comisión correspondiente de la LXXIV legislatura del Congreso de Nuevo León para su análisis.
Exhorto a procurador
Por su parte, la diputada panista, Marlene Benvenutti, presentó un punto de acuerdo -que fue aprobado- donde se exhorta al procurador de Justicia, Bernardo González, a darle especial atención y seguimiento a seis denuncias presentadas por parte de la Auditoría Superior del Estado, derivadas de cuentas públicas de 2015, relacionadas con los municipios de Higueras, Bustamante y el Instituto del Deporte de San Nicolás de los Garza, entre otros.
Cabe destacar, que además hay otras denuncias penales presentadas, de las cuales son cuatro de 2012, una 2013, una 2014 y la citadas seis de 2015.
"Se aplique todo el peso de la Ley a todo aquél o aquellos que de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado se desprenda responsabilidad en la comisión de algún delito", leyó la legisladora.
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