La bancada de Movimiento Ciudadano dio a conocer que comenzará a promover distintas iniciativas relacionadas con una agenda para impulsar el desarrollo sustentable en Nuevo León.
Una de las principales acciones que lanzarán, de acuerdo a su coordinador, Samuel García Sepúlveda, es una iniciativa que contempla la implementación de un impuesto verde a las industrias fijas para que se regulen sus emisiones.
El diputado de Movimiento Ciudadano manifestó que la intención de la iniciativa es la implementación de bonos de certificación de emisión de dióxido de carbono (CO2) para que las industrias fijas paguen por sus emisiones de gases tóxicos.
"¿De qué se trata esta legislación?, partiendo, de quién contamina paga, y que la contaminación no es gratis y por lo tanto quien contamina debe abonar a la solución y rectificación de lo que contamina, hay en otros países legislación por medio de los cuales los estados, en este caso el estado de Nuevo León, emite certificados de bonos de contaminación.
"Esos certificados tienen que ser adquiridos por empresas que emiten gases, sobre todo de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿para qué es esto? (...) se les estaría dando (a las empresas) un permiso para contaminar que le cuesta a la empresa, entonces tú acerera, siderúrgica, ni modo, tú en tu proceso contaminas, nada más que te va a costar", expuso el legislador.
Al integrar la implementación del impuesto verde, explicó el diputado, las empresas que lleguen a contaminar buscarían la implementación de nuevas tecnologías para que su compra de certificados baje y a la vez se reduzcan las emisiones tóxicas.
Explicó que además entraría al Gobierno del Estado una nueva partida de recursos con la que se podrá invertir en nuevas formas de medición y en el combate al problema directo.
"Es algo muy vanguardista, es un impuesto nuevo, los famosos impuestos verdes, en México no existen y pretendemos que Nuevo León sea el primero en tenerlo", dijo.
Para la implementación del impuesto, el gobierno del Estado también tendría que abrir un departamento de auditoría para revisar a las empresas que contaminan y a su vez multarlas o clausurarlas en caso de que no cuenten con certificados de emisión de dióxido de carbono.
"Es factible porque es un impuesto nuevo, no está enmarcado como exclusivo de la Federación y como nuestra Constitución establece que todo lo que está prohibido está permitido a los estados, entonces como ese impuesto no ha sido decretado como exclusivo de la Federación, tenemos los estados aptitud de crearlos", apuntó.
Samuel García explicó que dicha medida ha impulsado a la reducción de emisiones contaminantes en otros países y se podría llegar a una recaudación para las autoridades estimada en los 60 millones de dólares.
