Tras mantener abierta la investigación sobre los 80 jornaleros que se 'esfumaron' de una granja de Camargo, Chihuahua, donde eran explotados por sus patrones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de explotación laboral y trabajo forzado.
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El pasado 28 de mayo, el jefe de Inspectoría Local de la STyPS, José Domínguez, dijo que se inspeccionó el albergue "Chuchi Muñoz", ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Camargo-Jiménez, debido a que los trabajadores eran explotados por sus empleadores.
Al llegar a ese lugar para verificar en qué condiciones vivían los jornaleros, "el inspector se percató que los jornaleros, sus familias y el "enganchador" ya no estaban en el albergue", señaló al funcionario, al revelar que a partir de ese momento, se desconocía el paradero de los trabajadores, quienes fueron ubicados días después en un rancho de Villa Ahumada.
La titular de la STyPS, Ana luisa Herrera Laso, señaló que al verificar las condiciones de trabajo de los jornaleros, lo que incluyó entrevistas y visitas al sitio en donde laboran, se detectó incumplimiento de las disposiciones legales, sancionables en la vía de procedimiento administrativo, con la aplicación de multas que van de los 250 a 2 mil 500 veces el salario mínimo general.
Explicó en rueda de prensa que los patrones no aportaron elementos para desvirtuar los hechos denunciados, concretamente el pago de salario de 150 pesos por semana, lo cual constituye un delito en los términos del Artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo.
"El salario mínimo es de 80.04 pesos diarios, es decir 560.28 pesos a la semana, por lo que cualquier remuneración inferior a esa cifra, constituye un delito. Se cuenta con la información precisa de las personas que se encontraban en un albergue de Camargo y se trasladaron a trabajar a Villa Ahumada, posteriormente algunos regresaron a su lugar de origen y otros se trasladaron a Camargo, al tener otras oportunidades de trabajo.
"A los jornaleros se les realizaron descuentos injustificados, por lo cual les entregaron cantidades ínfimas, que no sirven para mantener una familia y ni siquiera a un solo individuo: se hará uso de toda la fuerza de las instituciones, para castigar a los responsables y a la vez, inhibir que en el futuro se presenten situaciones como ésta", advirtió.
Finalmente, José Domínguez, jefe de Inspectoría Local, informó que se brinda información a los trabajadores, para que conozcan sus derechos, a la vez que se dialoga con los productores, para que respeten las condiciones laborales y no contraten a menores de edad.
MMR
