La Asamblea Legislativa aprobó un exhorto al Secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada, y al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, para castigar a los autores de los actos de violencia contra personas en situación de calle.
La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Rebeca Peralta, indicó que en la Ciudad de México hay registros de actos de aporofobia, es decir odio, miedo y rechazo a las personas en pobreza.
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Destacó que en la semana del 10 al 16 de septiembre se presentaron cuatro ataques a ciudadanos en situación de calle en el Centro Histórico capitalino.
Rebeca Peralta recordó que el primer acto de violencia fue el pasado 10 de septiembre en las calles Luis Moya y Delicias, donde un hombre fue agredido, lo que le dejó quemaduras en las piernas, y posteriormente, en los primeros minutos de la madrugada del 16 de septiembre otras tres personas fueron agredidas y lesionadas por quemaduras.
Agregó que una de las víctimas, José Ramón Escobedo de 43 años de edad fue rociado con un solvente mientras dormía en la explanada del Teatro Blanquita, por lo que al percatarse de que le habían prendido fuego, pidió ayuda y fue auxiliado por elementos de la SSP capitalina.
En este caso, los paramédicos determinaron que el hombre sufrió quemaduras de primero y segundo grados en un 35% de su cuerpo, dijo.
Por ello, pidió a Perla Gómez y Jacqueline L'Hoist Tapia, titulares de CDHCDMX y COPRED respectivamente, participar para supervisar y evitar actos discriminatorios durante el proceso de las investigaciones.
La diputada de Iztapalapa afirmó que los prejuicios hacia las personas que viven en situación de calle a menudo pueden derivar en agresiones, insultos, violencia física, intimidación, robos o en el peor de los escenarios incluso pueden llegar a la muerte.
“Bajo la premisa constitucional de que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección reconocidas en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deben realizar las acciones tendentes a proteger jurídicamente a sus habitantes, incluidas las personas en situación de calle”, añadió.
Añadió que de acuerdo con el Censo de Poblaciones Callejeras 2017, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social local, existen 6 mil 774 personas que viven en esta situación, de las cuales 4 mil 354 se localizan en espacios públicos y 2 mil 400 en albergues públicos o privados.
Del total, el 87.27 por ciento son hombres y 12.73 por ciento son mujeres.
Estos grupos son considerados vulnerables no solamente por la nula o precaria atención en los rubros de salud, educación y trabajo, sino también porque son discriminados y agredidos constantemente, expuso.
FLC
