El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos sugirió que el 2016 marque el antes y después en el tema de la corrupción, en el que pidió que, al igual que en algunos países latinoamericanos, hoy México sancione penalmente a aquellos funcionarios que han atentado o saqueado los recursos económicos de los mexicanos.
Al emitir su mensaje en el marco del relevo institucional de este organismo empresarial en Michoacán, De Hoyos convocó a los órganos legislativos a concluir las leyes anticorrupción, a definir el fiscal para dicha área y delinear el sistema nacional anticorrupción.
En este sentido, recordó que en países como Brasil, Colombia y Perú, el tema de la corrupción ha sido combatido con el encarcelamiento de ministros y funcionarios menores que han incurrido en actos de esta naturaleza.
Ante empresarios y funcionarios de los diverso ordenes de gobierno, el presidente de la Confederación Obrero Patronal en México, expresó que hoy el país debe combatir la corrupción de una manera eficaz, igual a su hermana gemela, la impunidad.
En una dura crítica, el dirigente empresarial pidió crear la figura de un fiscal anticorrupción sólido, con autonomía y libertades, pero también con las herramientas necesarias para hacer frente a un flagelo que aún persiste en el país.
El líder empresarial recordó que el paquete que conforma la Ley Anticorrupción aún permanece en la congeladora del Senado de la República.
"Hay 17 leyes secundarias que deben ser destrabadas para poder avanzar en el tema", dijo De Hoyos Walter.
Al respecto, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, también lanzó una dura crítica a los senadores "acomedidos" para que atiendan los asuntos de interés nacional.
Señaló que el paquete del Sistema Nacional Anticorrupción debe ser destrabado y concretado a más de un año que tiene en el Senado de la República.
"De ese tamaño es el compromiso de nuestro senadores con el país", lamentó el mandatario, quien también recordó que en la congeladora se encuentra también le Ley de Mando Único Policial, que impide establecer el marco jurídico y normativo en la conformación de esta figura policial en Michoacán.