El titular de los Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, Jorge Neaves Chacón, "pegó" en la residencia del ex alcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, la notificación que se negó a recibir sobre la denuncia que se interpuso en su contra por la muerte de nueve personas en el festival "Aero-Show".
Tras lo anterior, el ex edil –a partir del próximo lunes- cuenta con un plazo de 15 días para responder la demanda que presentó en su contra la Auditoria Superior del Estado (ASE), dijo el coordinador de la fracción del PRI, Rodrigo De la Rosa Ramírez.
"Lo que está solicitando la Auditoría en su denuncia es la inhabilitación y el pago de un gasto patrimonial por parte de la presidencia municipal de 45 millones y medio de pesos, que es lo que se ha erogado derivado de los gastos del Aero Show", precisó.
Quezada Martínez, quien evadió lunes y martes al personal del Congreso del Estado, tiene hasta el próximo 5 de octubre para presentar las pruebas que lo favorezcan sobre la demanda que se sigue por el deceso de nueve personas y las lesiones en otras 57.
Precisamente, la tragedia ocurrió el 5 de octubre del 2013, cuando la "troca monstruo" que tripulaba Francisco Velázquez Samaniego, quien es el único que se encuentra tras las rejas por este caso, arrolló a más de 100 personas al salirse de la pista.
Luego de presentarse en la residencia del ex alcalde para notificarlo por el proceso administrativo que se le abrió en su contra, Neaves Chacón, dijo que de no contestar a la notificación que se hizo en presencia de un notario, aceptará como ciertos los hechos que se le imputan.
Este proceso podrá concluir en los próximos 45 días, y en caso de que Quezada Martínez se declare en "rebeldía", se estará enfrentando a una inhabilitación que lo vendrá a afectar al momento en que busca la candidatura al Gobierno de Chihuahua.
Al respecto, Eloy García, el único diputado local del PRI que no aprueba el proceso que se sigue contra el ex alcalde, dijo que la demanda está plagada de irregularidades y que sólo buscar "meterlo a la cárcel" y tirar las llaves al mar.
"El verdadero objetivo de esto es dar justicia y la justicia sólo se encuentra en el apego de la legalidad y las leyes, pero que los primeros que merecen justicia de este juicio son las víctimas, sin embargo, ésta no la han querido dar, por lo que sólo se convierte en persecución política", apuntó.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó una denuncia penal en contra de Quezada Martínez y de varios funcionarios de su gabinete, y pidió a los poderes Legislativo y Ejecutivo que se apliquen las sanciones correspondientes en contra de los responsables.
