La organización Impunidad Cero recomendó destituir o aplicar una multa económica al secretario de Comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por su responsabilidad indirecta en la muerte de dos personas por el socavón del Paso Express de Cuernavaca, el 12 de julio del año pasado.
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En el informe "Impunidad, sanciones administrativas y el Socavón del Paso Express", la organización analizó los documentos que, a su vez, revisó la Secretaría de la Función Pública para determinar las responsabilidades de los funcionarios de la SCT involucrados en los procesos de contratación y ejecución de la obra.
De acuerdo con el investigador Darío Ángeles, aunque en esos documentos no aparece la firma de Ruiz Esparza, sí tiene una responsabilidad media por haber elegido a los servidores que cometieron irregularidades graves.
Impunidad Cero reprochó que la Función Pública no haya aplicado sanciones y mantenga silencio sobre el caso que cobró la vida de dos personas, lo que agrava las conductas irregulares cometidas.
"Tenemos que empezar a analizar las cuestiones de corrupción y de responsabilidades administrativas y, en consecuencia, impunidad de formas más allá de lo tradicional, e implica pensar en un conjunto de conductas omitidas o conductas ejercidas.
Como tal, al secretario de Comunicaciones y Transportes pueden ver el estudio, no le estamos imputando una conducta gravísima, le estamos imputando una conducta de tipo medio porque las responsabilidades son de tipo indirecto; es decir, debido a que tiene deberes de supervisión de los subordinados jerárquicamente, como tiene potestad en el nombramiento de ciertos funcionarios, esto genera lo que se llama la responsabilidad in eligendo", detalló Ángeles.
Se trata de una responsabilidad por falla al elegir a un funcionario determinado, dijo.
El grado de responsabilidad del secretario Ruiz Esparza se eleva a medio porque fallecieron Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero.
"La conducta se eleva a media porque tenemos dos muertes en el caso, si en este caso se trata únicamente y exclusivamente de fallas en la obra, que se rompa el pavimento, etcétera, quizá la gravedad de la conducta hubiera sido menor, pero se tiene que ligar al caso de qué hay dos muertes", agregó.
De acuerdo con la investigación, funcionarios como el subsecretario de Infraestructura, el coordinador general de Centros SCT o funcionarios de Banobras y del Instituto Nacional de Administración Pública tienen responsabilidades indirectas de nivel medio, por lo que podría destituírseles o multárseles.
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En cambio, el director general de Carreteras, el director general del Centro SCT Morelos y funcionarios menores de esas áreas cometieron conductas consideradas graves, por lo que se les debería destituir, inhabilitar hasta por 20 años y además multarlos.
El investigador también advirtió que hay muchas probabilidades de que el caso pueda quedar en la impunidad, sobre todo por la estadística histórica de que sólo siete de cada 100 investigaciones terminan en sanción y por el tiempo que ha pasado sin que haya pronunciamiento por parte de la SFP, que es quien lleva el caso.
El 16 de noviembre se venció el plazo para que los servidores públicos involucrados presentaran pruebas para solventar las 22 observaciones que la Función Pública hizo al revisar cuatro contratos.
A la fecha, ya no se ha hecho público el resultado de dichos desahogos ni tampoco si ya inició algún procedimiento de sanción.
El investigador consideró que por el tiempo y la información pública disponible, la SFP ya pudo aplicar sanciones.
