El procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, señaló que se resarcirá el daño a los afectados por el caso Tlatlaya.
“Se atenderá la indemnización y cuantificará en los términos que señalan los estándares internacionales, la misma Ley General de Víctimas y la Ley estatal”, señaló el procurador.
Gómez Sánchez dijo que darán puntual seguimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya.
“Se ha aceptado la recomendación y consecuentemente daremos puntual atención a los puntos que determinó la CNDH, la investigación será por los hechos que se indican y tienen que ver con el maltrato o intimidación, supuestamente a estas mujeres”.
Tras la Recomendación 51/2014 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), dijo que esperarán a que el Ministerio Público practique las investigaciones correspondientes que irán de la mano con la CNDH.
“La investigación se inició antes de que se emitiera la recomendación, en su indagación la CNDH solicitó información a la procuraduría estatal, al PGR y a la procuraduría de justicia militar, y nos indicaron de las imputaciones de las señoras en contra del personal de la procuraduría”.
Refirió que la imputación de estas personas basta, independientemente de la Recomendación, para que el MP inicie de oficio la investigación correspondiente. “Aún no sabemos cuántos elementos de la procuraduría estatal serán sometidos a las pesquisas para deslindar responsabilidades, será investigado quien resulte necesario”.
Manifestó que no adelantará plazos y será el Ministerio Público quien determine, en su oportunidad, las cosas. “No quiero adelantar resultados, todos y cada uno de los hechos y las imputaciones que se señalan serán materia de la investigación”.
Gómez Sánchez indicó que la investigación inició tres semanas antes de que se emitiera la recomendación de la CNDH, que determina que ocho elementos de la SEDENA ejecutaron a 15 de las 22 personas que murieron tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 30 de junio.
