El panorama hacia una nueva Ley General de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, en la que va incluida la iniciativa ciudadana 3 de 3 que logró más de 600 mil firmas, es que no se cumpla el plazo para sacarla adelante, aunque se está avanzando en las negociaciones.
Esta mañana en la sala de debates del Tec de Monterrey, el Consejo Cívico organizó un diálogo al respecto con las senadoras del PRI, Cristina Díaz y Marcela Guerra; el senador panista, Raúl Gracia; además del investigador de este instituto, Marco Antonio Fernández; y Rafael García, de Transparencia Mexicana.
"No sabemos si en los próximos días las comisiones dictaminarán las distintas legislaciones, son siete leyes, sabemos que se ha avanzado en cinco, realmente en dos de ellas no se ha hecho mucho, como es el caso a las modificaciones al Código Penal, y la de la Fiscalía General de la República y la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción.
"No vemos, la verdad, las condiciones para que esto salga para el 28 de mayo; los legisladores no van a cumplir con el plazo que ellos mismos se impusieron", explicó Marco Antonio Fernández.
Por su parte, el senador panista, Raúl Gracia, destacó que a pesar de que no se cumpla con la fecha prevista, no hay que quitar el dedo del renglón.
"Sería un golpe para todos los mexicanos y para los que buscamos luchar contra la corrupción, pero creo que tenemos que insistir, lo único que no podemos hacer es claudicar, lo idóneo sería que fuera a la brevedad posible pero si no, no dejar de quitar el dedo del renglón hasta que se logre esta reforma", manifestó.
Convencido de que se necesita meter el acelerador en algunos casos, detalló que lo que ha frenado hasta el momento el proyecto son dos temas.
"Son dos puntos, el tema de la autonomía de la fiscalía y garantizar darle más dientes a la Auditoría Superior y a la ciudadanización del Sistema Nacional Anticorrupción.
"Falta que algunas bancadas cedan en el tema de la verdadera autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, para que no solamente quede en una reforma de leyes, sino de quiénes aplican estas leyes y se garantice que las mismas sean ejecutadas al cien por ciento", señaló Raúl Gracia.
Para la senadora Marcela Guerra existen puntos que pudieran volver inconstitucional la iniciativa 3 de 3.
"Porque hay dos derechos constitucionales que se colisionan, que chocan o que se confrontan entre sí, el derecho de acceso a la información, con su principio de máxima publicidad, y el derecho a la protección de datos.
"Ya están muy avanzadas las negociaciones, las coincidencias son más que las diferencias", expuso la senadora Marcela Guerra.
En eso coincidió su homóloga Cristina Díaz, pero atribuyendo el freno a una cuestión de riesgo por la máxima publicidad.
"Ha sido un tema muy mediático el tema de la iniciativa 3 de 3, que nosotros reconocemos el enorme esfuerzo de presentarla por parte de los ciudadanos y está tomada en cuenta, donde tenemos una coincidencia muy importante en las tres declaraciones.
"Sólo estamos con algunas diferencias que tiene que ver con la máxima publicidad, por el grado de riesgo y de vulnerabilidad que pudieran tener algunos", precisó.