Un pequeño de ocho años intenta empujar una carretilla llena de tabiques. “Está muy pesada”, dice, mientras se seca el sudor con la manga de su playera. Su madre y abuelos lo acompañan; han hecho lo mismo durante horas: ir y venir sin cesar.
Luego del temblor, los integrantes de esta familia chiapaneca recogen el material de una casa que se derrumbó. Planean reforzar su vivienda. Ellos aseguran que no recibirán apoyo gubernamental. Por eso encabezan, diligentes e incansables, su propia reconstrucción.
“Estamos acarreando el material para poner un pretil en la casa de mi hija que no tiene pared”, detalla María Dolores Santos, de 50 años. Y luego explica: “A ella le dijeron que no le iban a dar apoyo por tener techo de lámina, pero la lámina es prestada y tiene que devolverla”.
María Dolores vive en el ejido Andrés Quintana Roo, municipio de Jiquipilas, Chiapas, una de las comunidades más golpeadas por el sismo de magnitud 8.1 que sacudió al estado el 7 de septiembre pasado. Son tres semanas ya y el panorama sigue siendo desolador: hay, por lo menos, 200 inmuebles dañados.
Pero la vida continúa, al igual que los temblores y las lluvias. Los habitantes de Andrés Quintana Roo quisieran estar preparados y están dispuestos a poner la mano de obra, pero necesitan materiales. Es la petición más insistente.
La señora María reflexiona: “Son cosas de la naturaleza. El Presidente y el gobierno no tienen la culpa, pero al menos deberían apoyarnos con algo, láminas o cemento, para que podamos construir”.
Lo dice porque el presidente Enrique Peña Nieto visitó la comunidad hace una semana, el 23 de septiembre pasado. Tras su recorrido, frente a cientos de habitantes, el mandatario comprobó que todos habían recibido sus folios del censo de viviendas.
Esos folios siguen pintados con laca en las fachadas, pero para algunos —como la señora Rosa Hernández— el número no mitiga su riesgo. La casa que construyó gracias a tres años de trabajo en Monterrey está llena de grietas y, según cree, puede venirse abajo en cualquier momento. El gobierno la catalogó como “daño parcial”.
“¡Imagínese mi tristeza!”, dice doña Rosita, como le llaman sus vecinos. “Si el gobierno no me ayuda, que Dios me dé fuerzas”, suplica con los ojos llorosos, intentando que no se le quiebre la voz. Su petición es la misma: tener material para arreglar su casa y así dormir sin temor.
Quizá el caso más trágico es el de otro grupo de vecinos, quienes perdieron su techo y han improvisado lugares para vivir. Se resguardan entre lonas y objetos apilados que lograron rescatar, rodeados de polvo y animales de granja, prácticamente a la intemperie.
“Ha estado lloviendo y la agüita trae viento, por eso hemos estado arreglando, para no mojarnos”, comparte Domingo Castellanos, un hombre de 70 años que vive con su esposa y que, en estos días aciagos, ha recibido a sus hijos y nietos en el refugio provisional.
El terreno de su antigua casa está completamente limpio, los escombros fueron retirados por militares. Y otra vez, la petición es recurrente: Domingo explica que su hijo es albañil y que con algo de cemento y varillas ppuede construir un nuevo hogar. Sabe que no pueden seguir así por mucho tiempo.
Todo indica que la reconstrucción tomará tiempo, empezando por la escuela primaria que se vino abajo. El director confirma que aún no tienen fecha para el regreso de sus 165 alumnos, mientras una máquina termina de demoler uno de los edificios.
A unos metros, una placa conmemorativa celebra la inauguración del plantel en 2016 a cargo del gobernador Manuel Velasco. Hoy está en ruinas… como buena parte de la comunidad…
