La propuesta de Ley de Hacienda del Estado enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla el cobro de nuevos derechos para los constructores, mismos que van hasta los 26 mil pesos.
En el proyecto presupuestal le fueron adicionados nueve puntos en el artículo 276 Bis, capítulo sexto, que habla de los derechos prestados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Según la propuesta de modificación a la Ley de Hacienda del Estado para 2016, en el artículo 276 Bis se plantean cargas económicas por evaluaciones de impacto urbano regional y por la congruencia en los programas de desarrollo urbano de los ayuntamientos.
La evaluación de medidas de mitigación en zonas de riesgo para desarrollo en predios de distintas superficies también tendrían un nuevo costo a los constructores.
Para la evaluación de impacto urbano regional, que de acuerdo a especialistas, se tendría que solicitar para proyectos de desarrollo como departamentos y otros, se estima un cobro de 26 mil 287 pesos.
En el caso de que los ayuntamientos decidan realizar modificaciones a los programas de desarrollo urbano y se necesite una evaluación de congruencia, los municipios tendrían que pagar al Estado un monto de 26 mil 287 pesos.
Para los programas o planes parciales de desarrollo urbano, el monto sería de 13 mil 143 pesos.
Las evaluaciones de medidas de mitigación de zonas de riesgo para desarrollos en predios que van desde los 499 a los 999 metros cuadrados, también implicarían cargas para los constructores que rondarían desde los 2 mil 383 hasta los 26 mil 287.50 pesos.
Otros de los cobros que se contemplan serían de 13 mil 143 para una llamada de asistencia técnica del centro de colaboración geoespacial; así como un monto de 2 mil 383 pesos por la colaboración del Estado en trámites urbanísticos.
Los particulares que decidan hacer un análisis de rectificación de medidas georreferenciadas por lote, también tendrían que desembolsar al Gobierno un monto de 4 mil 065 pesos, según el proyecto de Presupuesto 2016.
Al respecto, Juan Ignacio Barragán Villarreal, ex director de la extinta Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, calificó los nuevos cobros incluidos en el proyecto de Presupuesto como una forma de regular los grandes proyectos de los desarrolladores en el estado.
Manifestó que ante la cuota que se solicitará por parte de las autoridades, se debería hacer un compromiso por parte del Gobierno del Estado para garantizar que se entreguen las evaluaciones de impacto urbano de una manera pronta.
Barragán Villarreal estimó que con el nuevo cobro que ahora se contempla en la Ley de Hacienda, los resultados sean más efectivos.
Cabe destacar que los derechos propuestos no se encuentran registrados en la Ley de Hacienda del Estado, por lo cual se generarían nuevos ingresos.
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