El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó que hay al menos seis denuncias, cuatro en la PGR y dos del fuero común, contra Roberto Borge Angulo, detenido ayer en Panamá.
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Las denuncias, dijo, son por diversas irregularidades durante la administración de su antecesor, como la venta ilegal de terrenos propiedad del estado y el manejo de recursos públicos para la campaña electoral de hace un año.
Algunas denuncias "tienen que ver con recursos públicos utilizados durante la campaña política de hace un año, otros tienen que ver con venta ilegal de terrenos propiedad del estado; otras tienen que ver con parte de la deuda que Quintana Roo fue ganando durante el sexenio pasado, que llegó a los 22 mil millones de pesos, aplicado de manera incorrecta", detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.
Afirmó que a partir de esas investigaciones, que el estado realiza en coordinación con el gobierno federal, se han abierto nuevas líneas de investigación, "que han ameritado también el que se vayan generando nuevas denuncias".
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Anoche, la PGR informó que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue detenido en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo a París, Francia.
En un comunicado, detalló que la detención del ex mandatario derivó de investigaciones de gabinete y campo por parte de integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de Interpol Panamá.
"Se tuvo conocimiento que esta persona se hospedaba en un hotel de la capital panameña y que abordaría un vuelo con destino a París, Francia, por lo que se implementó un operativo y lográndose así su captura en el Aeropuerto Internacional de Tocumen", informó la dependencia.
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Por medio de investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal se pudo identificar a diversos colaboradores del ex gobernador, quienes lo apoyaban en la logística de traslados mediante la compra de diversos boletos de avión, así como de la renta de departamentos y habitaciones de hotel en diferentes ciudades.
Contra el ex mandatario estatal existe una orden de aprehensión librada por un juez federal con residencia en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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