El Gobierno del Distrito Federal presentará el próximo mes un pronunciamiento público y jurídico para pedir una veda total contra construcciones y edificaciones en el terreno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Esto, con el propósito de aprovechar la importancia económica de ese terreno de 710 hectáreas, en beneficio de los capitalinos, mientras se llega a un acuerdo intergubernamental, político y social sobre el uso futuro de ese espacio.
El secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, Salomón Chertorivski, agregó que se realizarán foros públicos para definir los proyectos a realizar, con base en las implicaciones y oportunidades de transformación económica y social.
“A partir de las opiniones, proyectos e ideas que se presenten en los diversos foros organizados por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y el gobierno de la ciudad, se elaborará la opinión de la ciudad para presentarse públicamente en febrero”.
Entre esos foros, los días 22 y 23 de septiembre se realizará uno con nivel internacional en el museo Tamayo.
En el documento que resulte contendrá una hoja de ruta con premisas, principios y procedimientos para los años siguientes, además de delinear la opinión de los capitalinos sobre la forma de aprovechar el terreno, sobre el cual, el uso de suelo pertenece al gobierno capitalino.
Durante la Asamblea del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, insistió en la importancia de recuperar ese terreno para beneficio de los capitalinos, pues se podría crear un nuevo polo de desarrollo económico contra la pobreza, desigualdad y marginación en el oriente de la ciudad.
Chertorivski destacó que ese terreno, por su tamaño, ubicación y características sociales, representa una oportunidad para redefinir los patrones de planeación, desarrollo y cohesión de toda la ciudad.
Asimismo, recalcó que “para la discusión sustantiva sobre la utilización del terreno, así como para el proceso de toma de decisiones, existen tres grandes principios:
En primer lugar citó la participación ciudadana y deliberación pública; luego, la transparencia e información rigurosa, y por último, “pensar en el oriente de la ciudad, en los ciudadanos más pobres que la habitan”.
