Los comités ciudadanos de 10 áreas que forman las colonias Bosque de Chapultepec Polanco, Polanco Reforma, Rincón del Bosque, Chapultepec Morales, Chapultepec Polanco, Palmitas Polanco, Los Morales, Los Morales Sección Palmas, Del Bosque y Los Morales Sección Alameda, que representan aproximadamente a mil 500 familias, se han opuesto desde hace un año a la construcción de gigantescos edificios en las cotizadas calles de Rubén Darío, Tres Picos y Lord Byron (en un área de 10 mil metros cuadrados), debido a que las obras violan diversas reglamentaciones tanto de la zona, como del Distrito Federal.
El mayor conflicto se presenta hoy a propósito de una construcción plagada de irregularidades que acabó ya, por ejemplo, con cerca de 200 árboles, algunos con alrededor de tres siglos de existencia.
La inmobiliaria Abilia, a cargo del desarrollo marcado como Rubén Darío 225 y que fusionó contra la norma cinco predios, inicialmente pretendía edificar cinco torres, después tres, y luego dos, ambas de 30 pisos y 140 metros de altura, lo cual, según el Programa de Mejoramiento y Rescate de la Zona Especial de Desarrollo Controlado Polanco (Zedec), es indebido, ya que ahí solo se permite que los inmuebles con frente a Rubén Darío cuenten con un máximo de 12 niveles.
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco, en lo que se refiere a Zonificación y Normas de Ordenación, es rotundo: únicamente permite la construcción de inmuebles de 12 pisos en predios fusionados como los de ese lugar.
Funcionarios del gobierno del Distrito Federal comentan a MILENIO que se han detectado numerosos actos de corrupción en construcciones similares: “Se trata de un abuso recurrente en la fusión de predios a fin de obtener niveles de construcción originalmente no permitidos”.
Parte de la documentación que la constructora ha esgrimido ante autoridades del DF resulta contradictoria: en los datos generales de construcción primero se señala que habrá 122 departamentos, luego 134 y al final 140; que habrá 563 lugares de estacionamiento y después que serán hasta… mil 28, lo cual hace temer a la comunidad que se pretenda dar espacios a vehículos de guardaespaldas porque casi nadie que viva en un departamento, por caro que sea, utiliza en promedio más de 10 vehículos.
El edificio, que tendría primero tres sótanos para ese efecto, contará con cinco, lo que, dicen los inconformes, solo se explicaría por tráficos de influencias y una gran capacidad corruptora.
El permiso originalmente otorgado (Opinión Favorable en Material Vial, se llama la autorización) consideraba solo 536 sitios de estacionamiento (cuatro por apartamento, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal).
La Secretaría de Protección Civil permitió sólo dos sótanos. Al construir cinco, la inmobiliaria también hace uso indebido de la citada Opinión Favorable.
A un dictamen técnico sobre Área de Conservación Ambiental igualmente se le está dando también un mal uso, ya que se autorizó previendo un máximo de 134 departamentos, y no los 140 que ahora pretende Abilia.
La representación vecinal señala que la Manifestación de Construcción de la inmobiliaria, con la que pretende sustentar su construcción y data del 10 de junio de 2014, tiene un certificado de Uso de Suelo que no es procedente (no es vigente), debido que para ese momento ya estaba en vigor el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Polanco 2014, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de junio del año pasado, el cual, con todo y sus ordenamientos, fue ignorado por la inmobiliaria y por alguna autoridad que lo concedió. Ya se investiga la expedición del certificado, confirmó este diario.
El Programa Parcial del 6 de junio, en su foja 13, señala que los certificados de Uso de Suelo que contravengan su Plano de Zonificación y Normas de Ordenación, como es el caso, serán “inválidos”. El Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el último párrafo del artículo 125, también es violado por la inmobiliaria.
La constructora, debido a tantas imprecisiones y cambios en sus intenciones de construcción, solicitó al GDF una Modificación de Impacto Urbano, lo cual es ilegal, ya que debió pedir un nuevo dictamen y no únicamente una modificación, sostienen los comités ciudadanos de la zona en documentos dirigidos tanto a la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Los inconformes con la obra sostienen que son “múltiples las violaciones” en materia ambiental. Por ejemplo:
—En lo que concierne al reaprovechamiento de agua pluvial, la inmobiliaria solo estima hacerlo en “casos de emergencia”.
—Para el acondicionamiento del terreno de 10 mil metros cuadrados fueron derribados, sin permiso alguno de la delegación Miguel Hidalgo, unos 200 árboles, “algunos de ellos con más de 300 años de antigüedad”, sin autorización de la delegación Miguel Hidalgo. En este punto, la inmobiliaria pretendía únicamente conceder una “compensación económica” y no una restitución física de los árboles, como marca la reglamentación vigente.
—La superficie libre de construcción establecida en el Zedec marca 45 por ciento del total, lo cual no cumple la inmobiliaria, ya que quiere hacer pasar por área libre balcones, terrazas y como “área verde”… la azotea.
Los vecinos, en un documento recibido en el Tribunal Contencioso el 18 de febrero de este año, afirman que la obra de Rubén Darío 225, cuya construcción rechazan “firmemente”, constituye “una amenaza a la movilidad, medio ambiente y aprovisionamiento de servicios urbano” en la zona, ya que se localiza en “un punto especialmente congestionado”, donde Rubén Darío solo tiene un carril, a una cuadra de Arquímedes, “la sobrecargada ruta de entrada a Polanco”, justo frente a la entrada al paso a desnivel que conduce a Parque Vía, “ruta fundamental” de desalojo de Polanco y Las Granadas, “y en un área que ya alberga cientos de unidades habitacionales en tan solo cinco cuadras”, por donde circulan miles de vehículos.
Por todo ello, más los problemas de “saturación poblacional” y de capacidad de servicios tales como “agua, luz y drenaje”, los vecinos exigen un “juicio de lesividad” para que la obra no se concluya y se anulen las autorizaciones irregulares en el desarrollo habitacional de Rubén Darío 225.
En las negociaciones compensatorias, los vecinos afectados exigen a la inmobiliaria compensar con obras mitigatorias los daños que la obra está significándoles, entre las que resaltan la sustitución de plantas eléctricas de emergencia, mejoras en sus propios inmuebles por depreciación de la plusvalía de sus propiedades debido a la pérdida de luz directa porque se les pone enfrente la nueva enorme construcción. Y para las calles aledañas exigen la rehabilitación de glorietas en Campos Elíseos y banquetas nuevas sobre Arquímedes, un nuevo parque y el mejoramiento de un jardín de niños.
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¿Quién es la propietaria de la inmobiliaria Abilia?: la empresaria María Asunción Aramburuzabala Larregui.
La señora ha formado parte de las lista de los seres más ricos del planeta, los multimillonarios de Forbes, donde este año ocupó el lugar 265, con una fortuna estimada en 5.6 mil millones de dólares. Este año, la revista la puso como “la mujer más poderosa” de México en una lista de diez mujeres. Ocupa el sexto lugar entre las personas más ricas del país.
Su abuelo, un inmigrante español, fundó Grupo Modelo, que elabora las marcas cerveceras Corona Extra, Negra Modelo, Victoria y Pacífico distribuidas en decenas de países del mundo. Fue esposa del embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, y ha formado parte de los consejos de administración de numerosas empresas, como Grupo Modelo, ICA, América Móvil, Banamex, Aeroméxico y Siemens. Fue la primera mujer en ocupar un sitio en el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Es presidenta y directora general del fondo de inversión Tresalia Capital, dueña de la tecnológica KIO Networks, con la que ha invertido en telecomunicaciones, salud, inmobiliario, infraestructura y educación.
Y, ¿quién es el abogado de la señora Aramburuzabala y su inmobiliaria Abilia? El polémico Javier Coello Trejo, quien desde los ochenta ha estado involucrado directa e indirectamente en numerosos escándalos por presuntos nexos con el narcotráfico y debido a graves violaciones a los derechos humanos.
Durante el gobierno en Chiapas del general Absalón Castellanos Domínguez (1982-1988) ocupó la Secretaría de Gobierno. Fue muy temido. Medios locales lo señalaron por ordenar torturas, desapariciones y siembra de pruebas a maestros, estudiantes y opositores.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fue subprocurador de la PGR. Estaba encargado de la lucha contra el crimen organizado. Le llamaron El fiscal de hierro. Le atribuyeron nexos con cárteles de narcotráfico y líderes de éstos (el del Golfo y Juan García Ábrego, actualmente preso en Estados Unidos, así como con Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa), y hombres a su mando de la Policía Judicial Federal (el Grupo Tiburón) fueron denunciados por constantes violaciones a los derechos humanos. Fue la presión mediática dentro y fuera del país que el Presidente de la República ordenó crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por estos antecedentes, el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa y Coello no puede viajar a ese país.
Recientemente ha sido abogado del dueño de Chivas, Jorge Vergara, en el caso que sostiene contra su esposa, Angélica Fuentes.
En el caso de Rubén Darío 225, según dicen al reportero los vecinos inconformes, amenazó con organizar un “escándalo mediático” si no accedían a retirar sus quejas contra la construcción del desarrollo inmobiliario.
Y en efecto, el viernes, el periódico Reforma publicó una denuncia de la empresaria por supuesta “extorsión” contra la esposa de Joaquín López-Dóriga, una entre varias decenas de vecinos que lo que exigen en realidad no es dinero sino obras de mitigación de los daños generados por el edificio de las múltiples irregularidades.
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