Personal de la Dirección Jurídica de Transporte Público, con apoyo de la Policía Vial, envió al corralón a nueve vehículos particulares que sin contar con autorización de la Secretaría de Movilidad (Semov) prestaban el servicio de taxi.
De estos vehículos confiscados que prestaban sus servicios en los alrededores de Expo Guadalajara y en la zona hotelera de la Minerva, siete portaban placas del servicio particular y dos del transporte público, aunque de estos últimos una es del estado de Baja California y la otra del servicio federal.
A los conductores o propietarios de los vehículos retirados se les aplicaron sanciones que van de 150 a 200 días de salario mínimo.
Óscar Mora Esquivias, director jurídico de Transporte Público, alertó del riesgo a los usuarios, pues este tipo de vehículos no ofrece garantías de seguridad para los pasajeros.
Igualmente, añadió que se desconoce si los conductores de dichos vehículos están debidamente capacitados, certificados o si cuentan con una licencia de conducir, así como tampoco de una identidad en caso de que sea necesario denunciar un mal servicio o, incluso, requerirlos si alguien olvidó alguna pertenencia.
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