El alcalde del municipio de Cuautla, Jesús González Otero no abandonará sus funciones ni sus oficinas pese a la destitución acordada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA); el munícipe solicitó la protección de la justicia federal y completará en funciones su periodo constitucional que culmina el próximo 31 de diciembre.
A cinco días de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) le notificara que debía dejar el cargo y su lugar debería ser ocupado por su suplente, el munícipe de filiación perredista no sólo ignoró la determinación judicial, sino que se negó a dejar sus oficinas y este lunes hizo oficial que solicitó la protección de la justicia federal.
Jesús González Ortero, enfrenta diversos procesos jurídicos de carácter laboral y mercantil, derivados de despidos de trabajadores por administraciones municipales previas y por la falta de pago de sentencias también laborales y otras mercantiles, debido a la falta de liquidez, situación que enfrentar la mayoría de las municipalidades.
Este fenómeno ha terminado con la destitución de tres alcaldes en los últimos nueves meses: Los munícipes de Coatlán del Río, de Emiliano Zapata y ahora el de Cuautla fueron hechos a un lado de sus posiciones, ordenándosele a las autoridades en funciones colocaran a un alcalde sustituto, ya sea a los síndicos municipales o a los suplentes de los destituidos.
En el caso del alcalde de Cuautla, su destitución derivó de una sentencia laboral en su contra por la falta de pago de un total de cuatro millones 500 mil pesos que se le deben a una trabajadora.
Desde el pasado 9 de diciembre González Otero debió dejar la alcaldía por su destitución, pero a diferencia de los otros munícipes, no atendió la sentencia y contraatacó judicialmente.
Josué Tapia Acevedo, director jurídico de la administración municipal y el apoderado legal del Ayuntamiento, Gustavo Rendón Espitia, argumentaron que la actuación del TECA es inconstitucional lo cual fue confirmado desde el momento en que lograron que un juzgado federal suspendiera provisionalmente la determinación del juzgado local.
Según su tesis jurídica, sólo el Congreso del Estado es el que puede destituir a una autoridad municipal que en base a los artículos 137, 138 y 139 de la Constitución Política del Estado de Morelos, lo que obligaría al TECA remitir su resolutivo al cuerpo legislativo para que este iniciara el procedimiento de juicio de procedencia y posterior destitución.
"Sabíamos que la decisión del TECA era un tanto impulsiva más que legal, lo que hicimos fue promover nuestro juicio constitucional al considerar violentada la garantía respecto de nuestro presidente municipal", señaló Rendón Espitia.
En rueda de prensa, los abogados agregaron que la Ley del Servicio Civil que la afectada invocó para asegurar que estaban violando sus derechos laborales, no puede estar por encima del 120 Constitucional que fundamenta la obligatoriedad de que sea el Congreso del Estado quien puede determinar la destitución de un edil.
Por su parte, Josué Tapia admitió que durante estos días, González Otero continuó ejerciendo sus funciones como alcalde, y negó que haya prevalecido un vacío de poder en el Ayuntamiento; aseguró que en caso de haber acatado la orden del TECA, le habría sido después reclamable al presidente municipal.
"La resolución del TECA no se ajusta a derecho, es ilícita y se aparta de la legalidad", señaló consultado al respecto y reprochó que el TECA no haya tomado en cuenta el pago parcial de 200 mil pesos a la demandante por esta administración, con lo cual se demostró la voluntad de la administración local para concluir el tema judicial.
