Los últimos tres procesos en el Congreso de Jalisco para nombrar a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) en la entidad se han judicializado. Los amparos se han solicitado por aspirantes que no fueron electos o en el caso del magistrado Celso Rodríguez González que ha manifestado su interés por continuar al frente de dicho puesto.
Al respecto, el diputado Saúl Galindo, presidente de la Comisión de Justicia afirmó que "seguramente se irán acumulando estas semanas algunos más, lo que va a pasar. Lo he dicho recurrentemente, es el derecho que tienen todos los que aspiraron a tener el cargo, y bueno, no son nombrados por el pleno del Congreso del Estado (...) el propio congreso va haciendo la defensa de los propios nombramiento".
El 50 por ciento de los amparos van en contra de la designación de Gonzalo Julián Rosa Hernández. En su designación se le cuestionó por ser pariente cercano a Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, esposa del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.
Los solicitantes de los amparos son personas que aspiraron a dicho puesto: Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, Marissa Vargas Castolo, Elsa Navarro Hernández y Juan José Rodríguez González.
Otros tres amparos fueron en contra de la designación del ex procurador social Carlos Oscar Trejo Herrera. Quienes interpusieron fueron Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, José de Jesús Flores Herrera y Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez.
Finalmente, Celso Rodríguez González promovió amparos en contra del proceso de elección y su sustitución que había caído en María del Carmen López Ortiz. El magistrado obtuvo una suspensión que le permite continuar en el cargo.
Otro caso judicializado y que ya lleva un proceso largo es la elección del magistrado Antonio Flores Allende que fue impugnado por Nicolás Alvarado. Se ha solicitado al Congreso reponer de nueva cuenta el proceso en el que fue electo Flores Allende y la mayoría del Poder Legislativo ha decidido no acatar dicha resolución pues se manifiestan en contra.
En enero, los integrantes de la comisión de Justicia en el Congreso fueron sancionados con siete mil pesos. Posteriormente, se interpuso una multa de 32 mil pesos a la comisión de Justicia pero esta no se ha pagado, esto es un acumulado y se ha interpuesto quejas en contra de dichas sanciones.
Finalmente hay una tercera sanción por 11 mil 323 pesos. Esta se aplicará en contra de 30 de 39 diputados del pleno del Congreso y a cuatro de seis integrantes de la Comisión de Justicia. Por tal razón, hay diputados que pagarán una doble multa.
Los legisladores que no serán sancionados son los cinco diputados del Partido Acción Nacional (PAN), los diputados Augusto Valencia de MC, Oswaldo Bañales del PRI y los diputados independientes Pedro Kumamoto y Hugo Rodríguez. Estos se han manifestado a favor de acatar la resolución para reponer el preciso.
