Propietarios de empresas relacionadas con el ámbito de la seguridad privada, reprocharon que el gobierno estatal promueva el monopolio y la ausencia de transparencia a través de las asignaciones directas de contratos en todas las dependencias para Jobamex y Linfomex, que pertenecen a un mismo dueño.
Enrique Santos, propietario de la empresa Maxi Guerrero de Seguridad, como Gonzalo Contreras, de X-1 Seguridad y Oscar Morales M-1 de Seguridad, manifestaron la preocupación por la forma en que el gobierno estatal maneja la contratación de servicios de vigilancia de cada uno de sus inmuebles.
Señalaron que todas las contrataciones se realizan solo a dos empresas, que son Jobamex y Linfomex y pertenecen a un solo dueño, sin pasar por el filtro de los procesos de licitación que la ley establece.
Por los montos que se pagan para montar la vigilancia, dijo que el gobierno estatal debe convocar a la licitación de ley, pero se negaron a especificar de cuanto es el monto que alcanza un contrato para ese tipo de empresas.
"La verdad es que hay varias empresas que quieren participar y no tienen la oportunidad, todas las dependencias tienen contrato con Jobamex, sin embargo vemos que no hay condiciones equitativas", anotaron.
Los empresarios comentaron que ya solicitaron por escrito una audiencia con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, sin embargo hasta el momento no se les concede dicho derecho.
Indicó que lo menos que piden es una explicación que justifique el monopolio que actualmente existe en Guerrero, ya que las empresas beneficiados no otorgan buenos salarios a sus trabajadores, no generan antigüedad ni les cubren el seguro médico, pese a que su trabajo es de alto riesgo.
