El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por desvío de recursos, peculado, uso indebido del servicio público, entre otros delitos de carácter electoral, contra la delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano, a través de los programas "Poder ciudadano" y "Poder vincularse".
"La delegación Iztapalapa pretende desviar 108 millones de pesos, el equivalente al triple de todo el presupuesto del PRD en la ciudad que es de 38 millones de pesos", aseguró Martí Batres, aún presidente local de Morena.
TE RECOMENDAMOS: Sheinbaum exige explicación de presunto uso de programas sociales
Acompañado de diputados locales y federales, expuso que el objetivo de esto es utilizarlos en la campaña electoral al pagar su estructura de operación electoral en esa demarcación.
"Esto es un descaro, un cinismo y una desfachatez ya que con dichos recursos se pretende pagarles a dos operadores en cada sección electoral, una cobrará 6 mil pesos al mes, mientras que el otro recibirá 3 mil pesos mensuales", afirmó.
Agregó que cada dos operadores estarían cada uno en las mil 3 secciones electorales en la que está dividida Iztapalapa, lo que calificó como una burla.
Subrayó que la ley establece los recursos para el trabajo de los partidos políticos y se entregan mediante el Instituto Nacional Electoral (INE).
"El gobierno perredista de Iztapalapa pretende robarle a los capitalinos, en especial a los habitantes de esa demarcación, más de 100 millones de pesos, ¡se quieren servir con la cuchara grande!", aseveró el precandidato al Senado.
En tanto, la diputada federal Ernestina Godoy apuntó que ambos programas comparten exactamente el mismo objetivo que consiste en promover la participación ciudadana, lo cual da pie a que se utilicen para la promoción electoral.
"Esta denuncia también se presentará ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Contraloría capitalina", agregó.
Por su parte, el diputado Alejandro Ojeda refirió que estos recursos supuestamente destinados a promover el empleo contienen los nombres de los beneficiarios y se trata de recursos retroactivos a enero de 2018, "es decir, personas que presuntamente han estado promoviendo el voto desde principios de año".
Finalmente, Batres, diputadas y diputados, confiaron en que la Fepade realice las investigaciones correspondientes y castiguen a quien resulte responsable.
EB
