Luego que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que, entre otros aspectos, establece una pena de 40 a 60 años de prisión para los servidores públicos que priven de la libertad a una persona y oculten su destino, representantes de la defensa de los derechos humanos en Nuevo León celebraron la aprobación.
“Nos da mucho gusto que ya tengamos una Ley General de Desaparición Forzada”, destacó Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Incluso aplaudió el hecho de que el delito no prescribe.
“Algo que me parece muy atinado de los legisladores es que las sanciones por este delito no prescriben, y que no pueden mandar al archivo las investigaciones, lo cual abonará que no haya impunidad.
Por otra parte, la hermana Consuelo Morales Elizondo, líder de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (Cadhac), también se mostró a favor de la aprobación; sin embargo, señaló que si no se logra que los diputados destinen recursos para garantizar la búsqueda de personas desaparecidas y combatir la impunidad, la nueva legislación será letra muerta.
“Hay algo muy importante, si a esta ley no se le dan recursos necesarios para garantizar que esta ley verdaderamente pueda realizarse, pues será letra muerta.
“El siguiente paso es que tenemos que estar muy pendientes con los diputados para el momento del presupuesto del año que entra, en donde entre y se dé una partida que pueda ayudar a la búsqueda de las personas”, declaró Morales Elizondo.
Por otra parte, el diputado federal Álvaro Ibarra se mostró satisfecho por la aprobación de la ley.
“Tener la ley es un logro a favor de muchas familias que están pasando por ese dolor de perder un familiar.
