La Contraloría de Oaxaca detectó que en el gobierno de Gabino Cué, 70 por ciento de los procedimientos integrados para sancionar los delitos de peculado cometidos por funcionarios del régimen de Ulises Ruiz fueron desechados por los tribunales “porque fueron mal integrados”.
El actual contralor, Jesús Ángel Díaz, afirmó que en los 359 expedientes de investigación integrados hasta el momento contra Cué y varios de sus colaboradores se buscará que los procesos tengan soporte jurídico sólido para que no sean desechados por las autoridades jurisdiccionales como ocurrió en el pasado gobierno.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Secretaría de la Contraloría desecharon más de 300 expedientes de los 500 que se iniciaron contra funcionarios de Ruiz “por falta de procedimientos o porque fueron elaborados con deficiencias”.
Un análisis realizado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca revela que fueron anulados debido a inconsistencias legales al integrar los expedientes, lo que propone la tesis de que todo el procedimiento se armó para evitar que funcionarios de la administración anterior pisaran la cárcel o se les iniciaran expedientes administrativos.
El titular de la Contraloría, Jesús Ángel Díaz, estableció que más de 70 por ciento de lo que se denunciaba se caía jurídicamente, “lo que da a entender que los procedimientos se hicieron débiles, sin el sustento adecuado para que en otras instancias, como en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no prosperaran, y como no se puede juzgar dos veces un asunto, prácticamente se protegió a los indiciados”.
Asimismo, señaló que las indagatorias de Cué y sus colaboradores ya están en camino y que la actuación, no solo de la oficina estatal, sino de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, “alcanzará a quienes sean responsables, y si dentro de su responsabilidad actuaron mal, tendrán que rendir cuentas, pero siempre serán llamados para que puedan alegar a su favor lo que consideren necesario, esto no es una cacería de brujas”.
Refirió que en el Tribunal de lo Contencioso muchos de los expedientes contra algún funcionario “se caían” por vicios en los procedimientos.
DESECHAN JUICIOS
Este mes la Cámara de Diputados federal revisó los juicios políticos interpuestos desde hace más de 10 años contra distintos gobernadores, cuyas administraciones fueron acusadas de corrupción, pero desechó la mayoría de casos.
Una juez de distrito en materia administrativa impuso una multa al Legislativo por retrasar el análisis y demandó que revisará los casos atrasados.
Entre los gobernadores acusados de corrupción estaban los priistas Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Fidel Herrera, de Veracruz; los panistas Patricio Patrón Laviada, de Yucatán, y Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, de Jalisco, y los perredistas Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, de la CdMx, y Zeferino Torreblanca y Ángel Heladio Aguirre, de Guerrero.
En total fueron rechazados 109 expedientes, de 364 existentes desde 2003, debido a que la mayoría de los acusados ya no están en el servicio público.
Al inicio de la gestión de Gabino Cué se dio a conocer un presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos en el último año de gestión de Ulises Ruiz, pero solo hubo dos detenidos.
CLAVES
PAPÁS SOLTEROS
El PRI en la CdMx presentó una iniciativa para que los hombres jefes de familia obtengan una pensión igual que las mujeres en esa situación.
Mariana Moguel, dirigente de ese partido, explicó que la capital tiene recursos para cubrir a ese sector, que se calcula en 150 mil hombres.
La propuesta ya se aprobó en comisiones y en cuanto inicie el periodo ordinario de sesiones se subirá al pleno para que se vote y apruebe.
