La Suprema Corte Justicia de la Nación suspendió la creación de los fideicomisos del tres por ciento a la nómina y el uso de este dinero para el pago de deudas como pretendía el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, indicó que luego de que la mayoría priista del Congreso local aprobara la propuesta enviada por Duarte de Ochoa para usar el impuesto a la nómina para pago de deuda, interpuso una controversia constitucional que la Suprema Corte le concedió.
Lo aprobado por la SCJN surte efectos generales y con ello se suspende la creación de los fideicomisos irrevocables a través de los cuales se pretendía administrar los recursos provenientes de este impuesto.
Con la suspensión se evitar el pago a proveedores, muchos de los cuales son presuntamente empresas "fantasmas" y otras creadas por funcionarios acusados por enriquecimiento ilícito.
Jorge Winkler, abogado que promovió el recurso de controversia constitucional del ayuntamiento de Boca del Río, indicó que la orden es tajante para que el Poder Legislativo y Ejecutivo no puedan crear los fideicomisos con los que administrarían este impuesto.
Yunes Márquez celebró la respuesta de los magistrados.
"Hace unos días, con motivo del decreto que se aprobó en el Congreso para afectar los recursos del Fideicomiso del tres por ciento a la Nómina para poder pagar a proveedores, nosotros como ayuntamiento presentamos una controversia constitucional en contra de este decreto pensando que es inconstitucional y el día de hoy recibimos la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se nos concede la suspensión".
Si bien la resolución final del caso puede durar hasta más de un año, la actual administración estatal ya no podrá crear los fideicomisos que habían sido aprobados por el Legislativo local pues su gestión concluye en noviembre.
La controversia constitucional fue para que la Corte determinara si lo aprobado por el Legislativo afectaba los derechos humanos de las familias de Boca del Río y su desarrollo social y económico.
Para definir que esto vulneraba las leyes de Coordinación Fiscal y Financiera para poder contratar obligaciones de los gobiernos al final de sus periodos dejando en desventaja a las administraciones siguientes.
La SCJN ordenó suspender la ejecución de la reforma aprobada del tres por ciento a la Nómina que contemplaba la creación de dos fideicomisos público-privados, uno para la captación de las contribuciones y otro para el pago a acreedores.
El uso de este impuesto para deudas provocó que empresarios de las diversas cámaras y organizaciones de la entidad, determinaran hacer huelga de pagos hasta que entrara la siguiente administración y echara abajo lo aprobado por mayoría simple en el Congreso local.
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