Aunque la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el estado ha sido tirante desde el comienzo del gobierno independiente, el pasado 8 de julio el conflicto fue tan evidente que llegó a los tribunales, debido al desacuerdo entre ambos poderes sobre la Ley Electoral.
En la teoría la división de podres es clara, pues al Congreso local le corresponde llevar a cabo el proceso para la promulgación de una nueva ley en acompañamiento del Gobierno del Estado, que será quien las publique y las ejecute.
Sin embargo, en la práctica ya van al menos 22 vetos que el gobernador Jaime Rodríguez aplica a las leyes que aprueba el Congreso local, por ejemplo a la Ley de Participación Ciudadana, Ley de Protección Animal, Ley de Hospedaje, Ley de Mejora Regulatoria, Ley de Hacienda del Estado, Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de Coordinación Hacendaria y la Ley de Disciplina Financiera, por mencionar algunas.
El ejemplo más evidente (y reciente) sucedió el pasado 8 de julio, que era el último día para publicar en el Periódico Oficial la ley Electoral para que entrara en vigor en las elecciones de 2018, pero el Ejecutivo consiguió una suspensión provisional por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le sirvió para evitar la publicación de la ley y anular su vigencia para el siguiente periodo electoral.
Para recapitular los hechos que propiciaron este escenario podemos retroceder al 5 de septiembre de 2016, cuando las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Legislación dejaron “en estudio” la iniciativa de reforma solicitada por el Ejecutivo para modificar diversos artículos de la Constitución y la Ley Electoral, con el fin de incluir las diputaciones independientes a través de la representación proporcional.
Tampoco procedió la iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional y al artículo 51 de la Ley General de los Partidos Políticos para rebajar el 10 por ciento el financiamiento a los institutos políticos, solicitada el pasado 1 de febrero de 2017 por el Gobierno del Estado.
Estas propuestas no se reflejaron en la Ley Electoral y por lo tanto el Ejecutivo se negó a publicarla dentro de los plazos establecidos para que entrara en vigor para el próximo año, por lo que recurrió al Tribunal Superior de Justicia.
Otras iniciativas del Gobierno han quedado atoradas en el Congreso, como la propuesta de reforma a la Ley Orgánica para transferir el sistema penitenciario y la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría General de Gobierno, misma que se encuentra en estatus de “estudio” en la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes.
Igualmente las solicitudes del Estado para modificar la ley y cobrar un permiso a quienes manejen autos con placas foráneas, presuntamente con el fin de regular la evasión de impuestos, así como sancionar a quienes despilfarren agua, no fueron contempladas por el Legislativo en el último periodo extraordinario, aunque cabe destacar que no aparece ninguna de estas iniciativas en comisiones.
Algunos asuntos se encuentran congelados desde hace más de un año, como lo es el veto al decreto 68, que contiene las reformas a la Ley para la Protección Contra la Exposición al Humo del Tabaco y que se detuvo en la Comisión de Legislación ante la polémica que envolvió al Congreso del Estado por supuestamente haber recibido moches de 20 millones de pesos por legislador para permitir el consumo de cigarros en bares, restaurantes y casinos.
Finalmente la reforma a diversos artículos de la Constitución Política que quedó detenida en Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la cual buscaba designar al procurador General de Justicia a través de un proceso electoral, esta propuesta no transitó, debido a que se aprobó la Ley que Crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
En respuesta el gobernador Jaime Rodríguez vetó una ley secundaria del SEA, por estar inconforme con la creación de tres nuevos fiscales que ya no serán designados por él y serán completamente autónomos.
