Diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron crear una comisión especial para atender los asuntos relacionados con la concesión de agua de la empresa privada conocida como Aguakan.
Así surgió la "Comisión transitoria especial para el seguimiento y atención a los temas referentes de las concesiones de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V.".
El diputado local de Morena, Humberto Aldana, dijo que podrían hacer válido el recurso legal para citar a comparecer a todos los implicados, desde ex gobernadores, presidentes municipales y diputados locales, que autorizaron la ampliación de la concesión.
"Quien sea responsable tiene que responder, si hay una responsabilidad del ex gobernador, hay que hacer válida la opción de hacerlos comparecer. Si nosotros vemos que era responsabilidad de los que eran ex presidentes municipales, hay que establecerla", afirmó.
Es importante recordar que Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, otorgó una ampliación del contrato con la concesionaria hasta el año 2053.
"También a los diputados que aprobaron la ampliación, lo hicieron sobre una base ya existente, pero no es una justificación de ampliarla por tantos años una concesión a una empresa privada, primero vamos a hacer el diagnóstico y luego los procedimientos legales ", añadió.
Por su parte, el diputado Julián Ricalde argumentó que existen todas las pruebas y recursos legales para echar abajo este contrato que se pactó con Roberto Borge.
El legislador mencionó que Aguakan se comprometió por una contraprestación al estado por 320 millones de pesos anuales y a hacer infraestructura por 750 millones de pesos al año, sin embargo, ha incumplido en ambos casos.
"Aguakan adeuda al Estado alrededor de siete mil millones de pesos, más accesorios, sin pasar por alto la pésima calidad de su servicio, los altos cobros y multas que aplica en los cuatro municipios de la zona norte que hoy están bajo su tutela, por eso existen todos los elementos para echar fuera a esta empresa, particularmente en los municipios donde resultó vinculante la consulta popular y sin que el gobierno del estado tenga que pagar alguna indemnización por rescindirle el contrato de mil 55 millones de pesos firmado en la administración de Roberto Borge Angulo", explicó.
Hace algunos meses, la concesión de Aguakan en Quintana Roo fue sometida a una consulta popular, validada por el instituto electoral de la entidad, donde más del 80 por ciento de los participantes votaron por su revocación.
AS
