Ante el incremento de casos de extorsión y la falta de denuncias por temor a represalias, diputados del Congreso de Tamaulipas, proponen que el delito sea perseguido de oficio, así lo dio a conocer en tribuna, el diputado Rafael González Benavides al destacar la necesidad de combatir este flagelo.
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“Al responsable del delito de extorsión se le impondrá una pena de dos a 10 años de prisión y una multa de 100 a mil días de salario, sea cual fuere el monto de la exigencia, el daño o la amenaza realizada y si el responsable del delito son o han sido servidores públicos de una institución de seguridad pública o privada, la pena se aumentará hasta en dos tercios de lo que corresponde en forma individual”, explicó.
A manera de ejemplo, dijo que solo dos de cada 10 casos de extorsión son denunciados en la agenda del Ministerio Público por lo que es urgente una reforma.
JACM