La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llamó al Poder Judicial de la Federación a garantizar un juicio imparcial y justo contra los cuatro militares y presuntos responsables de violar y torturar a Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas Me´phaa, originarias de Guerrero, en el año 2002.
La CDHDF recordó que luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiera al Gobierno Federal e instancias legales impartir "justicia", se dio la detección de cuatro elementos castrenses identificados como agresores de Inés y de Valentina, quienes fueron juzgados en el fuero civil y recibieron auto de formal prisión por los delitos de violación sexual, tortura y abuso de autoridad.
"Es un gran avance en materia de derechos humanos de las mujeres que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoce, ya que además de garantizar el acceso a la justicia en específico para Inés y Valentina, se establecen referentes que el Estado mexicano deberá retomar en los casos de violencia contra las mujeres".
La CDHDF recordó que "se realizó la defensa jurídica de las dos mujeres, pero al no recibir justicia en las instancias locales y nacionales se desarrolló un litigio a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que en el año 2010 declaró culpable al Estado mexicano, ordenó reparar el daño y fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres".
Por lo mismo dicha instancia se congratuló por los avances en la sentencia y reconoció "la valentía y compromiso de Inés Fernández, Valentina Rosendo, el equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y las instituciones involucradas, por su invaluable aporte para el avance en el acceso a la justicia para las mujeres en México".
En 2002, cuando ocurrieron los hechos, las afectadas lucharon por su derecho a la justicia, por lo que después de acudir a instancias nacionales recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a presentar su caso.
En el 2010 dicha Corte "emitió dos sentencias contra el Estado mexicano, ordenando, entre otras medidas, una investigación por la justicia civil para asegurar que los responsables rindieran cuentas".
Para Amnistía Internacional la Corte es urgente se reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de que las violaciones.
