En medio de la crisis penitenciaria de Nuevo León que se agudizó con los problemas registrados en el penal de Cadereyta hace unas semanas, diputados federales buscarán 5 mil millones de pesos para reactivar la construcción del penal de Mina, informó Waldo Fernández González, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
En entrevista, el funcionario sostuvo que la falta de infraestructura carcelaria y la sobrepoblación son factores que agravan las distintas problemáticas que se viven al interior de estos recintos.
“Definitivamente necesitamos un nuevo penal… la infraestructura que tenemos del penal del Topo Chico está hecha para una época del país con una problemática delictiva muy diferente a la que tenemos actualmente… es un proyecto de cerca de 5 mil millones de pesos, no es fácil, las condiciones del país en este momento no son las óptimas, pero hemos estado tratando de hacer el intento para reactivar. De esos 5 mil millones de pesos, la mitad la pondría el Estado y la otra mitad la Federación”, dijo.
Esta solicitud para conseguir recursos y reactivar las obras del penal de Mina, las cuales fueron abandonadas en el 2013 por falta del apoyo federal, han surgido a petición expresa de autoridades estatales, como el secretario de Seguridad en la entidad, Cuauhtémoc Antúnez, y el propio gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón.
El legislador por Nuevo León del PRD detalló que aunque la sobrepoblación en centros penitenciarios es una condición que se presenta en toda la República, existen elementos que acentúan dicho problema en el estado.
“Aquí confluyen diferentes grupos delictivos de la delincuencia organizada que terminan en los mismos centros de reinserción social, y al haber un hacinamiento y una sobrepoblación, pues es muy difícil tener a estas personas en las condiciones en las que se debiera y por eso se generan estos problemas”.
Fernández señaló que es importante que el Estado sea más estricto y contundente en el control de los penales, por lo que exhortó a las autoridades de Nuevo León a que se revise constantemente el desempeño de los directivos carcelarios y así hacer los ajustes necesarios que corrijan los problemas en estos recintos.
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