La empresa gasera Blue Propane anunció que demandará al Ayuntamiento de Tijuana por todos los daños y perjuicios sufridos al aplicar de manera ilegal e inconstitucional un acuerdo de Cabildo denominado “moratoria”, que evitó que la empresa abriera 10 estaciones de distribución de gas LP para proteger a las empresas gaseras de la familia Zaragoza, propietarios de Grupo Tomza, Zeta Gas, Baja Gas & Oil y Gas Silza, luego de recibir una sentencia que resolvió a su favor el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito de Baja California.
De acuerdo con Marco Ernesto Téllez, abogado de la empresa Blue Propane, los daños provocados por la administración de Arturo González Cruz mientras estuvo al frente del Ayuntamiento de Tijuana, ascienden a varios millones de pesos, que el municipio deberá resarcir a la empresa por el daño patrimonial.
“Interpondremos un juicio de responsabilidad civil ante el Poder Judicial del estado, donde reclamaremos al Ayuntamiento el pago por su actuación lesiva y dolosa hacia nuestra representada, porque después de cinco años de juicios, al final la justicia se impuso sobre los intereses económicos y políticos que protegían al monopolio gasero en la entidad. Esperamos que el Poder Judicial se conduzca conforme a derecho y no sea un obstáculo más como lo han sido las instituciones municipales y estatales que están al servicio del monopolio”, anunció.
El abogado defensor reiteró que “la demanda es consecuencia de las conductas tomadas por aquellos servidores públicos que de manera dolosa, ilegal, arbitraria y en ejercicio indebido de sus funciones y arbitraria, defendieron intereses económicos por encima de los intereses del pueblo y de las familias de Tijuana, utilizando las instituciones públicas para frenar a los competidores que durante años han intentado abrir la competencia en la ciudad".
De acuerdo con los cálculos de los representantes de Blue Propane, el municipio debería pagar las ganancias que dejó de percibir durante los años que ha mantenido bloqueando a la empresa, las rentas de los inmuebles, deterioro de las instalaciones que estuvieron inhabilitadas, pago del personal, así como por haber impedido la enajenación del gas que se vendería en cada una de las estaciones, “lo que se traduce en más de dos años de pérdidas, juicios solventados, trámites y honorarios por concepto de asesoría jurídica y legal”.
Por su parte, el abogado Allan Jaramillo, vocero de la gasera, explicó que lo ocurrido en el caso Blue Propane, es una muestra de los efectos nocivos que generan la relación del poder político y el poder económico, “ese binomio crea otras condiciones de la actividad económica y la política, pero sobre todo altera un principio elemental de la función pública, que es el bien común, ese sentido se pierde y se convierte en un servicio en beneficio de unos cuantos y no hay peor consecuencia que la autoridad misma pierda su esencia y se convierta en un activo más del poder económico.
“Y en esta relación perversa, las ganancias económicas dirigen el sentido de las políticas públicas, los dividendos se convierten en ejes rectores y la autoridad se convierte en una dirección, en este caso el Ayuntamiento de Tijuana terminó bajo el yugo y control de las empresa Z gas y Gas Silza, quienes como dueños y señores dictaron las políticas necesarias que les protegieran y crearan un nicho de consumidores cautivos, donde solo ellos pudieran ser los beneficiados, por encima de las familias de todos los niveles socioeconómicos de Tijuana, sobre todo las más vulnerables que se quedan sin comer por pagar el gas más caro del país”, puntualizó.
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