La diputada federal priista, Bárbara Botello lamentó que se haya desechado la investigación por parte de la ASEG sobre el quebranto millonario de los 33 millones de pesos por el caso de la Metrofinanciera.
Señaló que el dinero de los leoneses se perdió por la ineficiencia de las autoridades panistas municipales, durante la administración del finado Vicente Guerrero. Además recalcó que hubo falta de cuidado en la toma de decisiones en el manejo de dinero público y a consecuencia se perdieron una gran cantidad de recursos municipales.
TE RECOMENDAMOS: Bárbara entrega documento de destitución ante el Congreso del Estado
La ex alcaldesa de León dijo que con esta acción que se hizo en el gobierno de Guanajuato encabezada por el panista Miguel Márquez, y con la complicidad de autoridades como el Auditor Superior del Estado.
Bárbara Botello finalizó con que el gobierno de Miguel Márquez deje las persecuciones políticas y trabaje en el marco de la legalidad.
Caso de la Metrofinanciera
El pasado viernes 13 de octubre la diputada Bárbara Botello dijo que solicitaría a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que se iniciará una investigación sobre la pérdida de 33.4 millones de pesos en el caso de la Metrofinanciera.
Según los antecedentes que presentaría Bárbara ante la ASEG, es que había varios ex funcionarios involucrados, entre ellos el ex director de finanzas, Gabriel Vieyra, y el extesorero Francisco Javier González, entre otros, en el año 2009, porque ellos se encargaron de avalar una inversión de riesgo de 36.9 millones de pesos, en la empresa Metrofinanciera y que a principios de este año la Tesorería informó que había perdido los 33.4 millones que había pedido Botello que se investigaran.
Fue hasta el pasado 20 de octubre cuando la ex alcaldesa se presentó ante la ASEG y estableció una denuncia por el presunto daño patrimonial al erario público de León por un monto de más de 33 millones de pesos en contra de la Metrofinanciera.
Además, en esa misma denuncia Botello exigió al auditor general del estado, Javier Pérez Salazar, que se investigará la contratación de Tomás Martín Hernández Gaytán, quien tenía la función como director de auditoría y cuenta pública del propio organismo, ya que estaba inhabilitado en la función pública.
