Aunque dijo no estar a favor del Gobierno del Estado, Carlos Emilio Arenas Bátiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aseguró que “no es tan descabellado” el argumento del Ejecutivo de recurrir a una controversia constitucional local para suspender la publicación de las reformas a la Ley Estatal Electoral.
En entrevista, Arenas Bátiz sostuvo que los argumentos que el Estado puso en la mesa es que no se trata de un caso que competa estrictamente a las autoridades electorales, puesto que se trata de un proceso jurisdiccional legislativo.
En este sentido, insistió en que la Ley de Controversias Constitucionales dice que si no hay causa manifiesta de improcedencia, el recurso debe ser admitido.
“En el caso concreto, decía la parte actora, que si bien el tema que había resuelto el Tribunal Electoral es formalmente electoral, no es materialmente electoral porque se refiere al control jurisdiccional sobre el proceso legislativo.
“No lo digo yo, lo dice la actora, y no es tan descabellado, o sea hace general la idea de que la improcedencia no es tan evidente o fuera de duda y la ley lo que dice es que cuando no haya causa manifiesta de improcedencia, debe admitirse la controversia”, dijo.
Por tal motivo, afirmó que sí hay tela de duda para analizar el argumento que dio el Estado.
“Como se razonó en el acto, en efecto en el artículo 22 (de la Ley de Controversia Constitucional) hay varias causas de improcedencia, uno por ejemplo, contractos en materia electoral, entonces la parte actora lo que alegó es que esa decisión no es materialmente electoral, es formalmente electoral en la medida que viene de un órgano electoral, pero materialmente electoral no lo es, ellos opinan que es un acto de control jurisdiccional sobre proceso legislativo.
“Entonces, al no ser tan manifiesta la naturaleza del acto lo que debe hacer la presidencia es admitir, pero insisto, nosotros en la presidencia no estamos diciendo que el acto si sea o no sea electoral, lo que estoy diciendo es que no se manifiesta absoluta la causa de improcedencia”, reiteró.
El presidente del TSJ insistió en que la dependencia a su cargo actuó en consecuencia y será el pleno del Tribunal quien decida qué poder tiene la razón en la controversia.
Pese a decir que no es tan descabellado el argumento del Gobierno, el presidente del Tribunal descartó estarle haciendo un favor al Estado tal cual lo acusaron los diputados.
“Hay margen para dudar, hay margen para imputar y por esa razón la decisión debe ser del Pleno y no del magistrado instructor, en este caso yo.
“Para mí la causa de improcedencia no era notoria y en la medida en que no era notorio la obligación era admitir”, refirió Arenas Bátiz.
