La propuesta de modificaciones a la Ley de Aviación Civil y Ley de Protección al Consumidor, presentada por el diputado Miguel Ángel Salim, que propone que los usuarios puedan solicitar una indemnización del 25% después de cuatro horas de demora, o de 7.5% después de dos a cuatro horas, fue aprobada en el Pleno de la Cámara de diputados, por lo que pasará a ser votada en el Senado de la República.
La iniciativa impulsada por el diputado guanajuatense, beneficiaría a más de 40 millones de usuarios, y fue votada a favor por diputados de todos los partidos políticos en la Cámara.
El mismo Salim afirmó que tras conocer diversos casos compartidos de quejas por vuelos demorados, decidió presentar la propuesta, misma que desde su origen le hizo recibir miles de mensajes de respaldo, por lo que decidió trabajarlo y defenderlo en las reuniones de Comisiones y de trabajo con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, Profeco y Canaero.
En la misma propuesta, se postula que las aerolíneas deberán informar a los pasajeros, por medios electrónicos y personales en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero, las razones que originan la demora, además de poner a disposición los recursos y la información necesaria para extender sus quejas y denuncias ante Profeco.
“Las afectaciones a un consumidor de un servicio retrasado, y las indemnizaciones para el caso que nos ocupa no han sido contempladas en su justa dimensión”, afirmó Salim, por lo que además en la propuesta se contempla que será deber de las aerolíneas informar a los consumidores, al momento en que compren su boleto, los términos, condiciones, políticas y sobre todo un listado de derechos de los pasajeros, referidos en la Ley de Aviación Civil, mismos que deberán estar disponibles en mostradores, centrales de reserva y en la aeronaves en cada asiento, en folletos.
Otro de los aspectos planteados es la eliminación de cargos adicionales a las tarifas, y la obligación de las empresas de aviación a publicar el costo total del boleto, con impuesto incluido, pues “los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos generan pérdida de rendimiento económico, mismos que deben ser resarcidos a través de las normas correspondientes”, sentenció.
