Habitantes de por lo menos 20 comunidades del Estado de México preparan la promoción de amparos contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, pues consideran que como está planteada violenta los derechos humanos de las personas.
Antonio Lara, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organismo que asesora a los pueblos mexiquenses que se oponen a la llamada "Ley Atenco", informó que los primeros recursos legales los presentarían los residentes de lugares donde actualmente mantienen luchas sociales por la defensa de sus tierras y bienes naturales.
Entre ellos, mencionó a los municipios de San Salvador Atenco, Coyotepec y Tecámac, así como a los poblados de San Francisco Magú, de Nicolás Romero y San Francisco Xochicuautla, de Lerma.
Explicó que los juicios de amparo se interpondrían ante las sedes que conforman el Segundo Circuito en el Estado de México: Toluca, Naucalpan y Nezahualcóyotl.
Detalló que una vez que entre en vigor la también llamada "Ley Eruviel", previsto para finales del mes de julio, se tiene un plazo de 30 días para interponer los amparos.
"Sinceramente, no vamos a ocupar los 30 días, será muy pronto. Nada más que tenemos que coordinarnos muy bien para que en las tres sedes se ingresen las demandas de amparo de forma simultánea, porque queremos dar una muestra de la capacidad organizativa que hay en las comunidades. Al mismo tiempo que ingresen los de Atenco en Neza, lo deberán hacer los de Xochicuautla en Toluca y los de Tecámac en Naucalpan".
En San Salvador Atenco un grupo de campesinos mantiene un movimiento de resistencia para evitar que sus tierras sean ocupadas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el uso de la fuerza pública, como ocurrió el 3 y 4 de mayo del 2006, cuando se presentaron abusos policíacos contra cientos de pobladores.
En la comunidad otomí de San Francisco Xochicuatla, de Lerma, la población está organizada para defender su territorio e impedir que continúe la edificación de la autopista Toluca-Naucalpan.
Vecinos de San Francisco Magú, de Nicolás Romero, y de los municipios de Coyotepec y Tecámac se han unido por la defensa de sus recursos hídricos.
La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, presentada el año pasado por el gobernador Eruviel Ávila, fue aprobada por el Congreso local el pasado 17 de marzo y publicada un día después en la Gaceta del Gobierno, y se prevé que entre en vigor a finales del mes de julio.
En ella, se establece, entre otros puntos, que los miembros de las corporaciones policiacas podrán emplear armas letales e incluso disolver reuniones o asambleas ilegales.
Los policías estatales y municipales podrán utilizar la fuerza "en legítima defensa del elemento o de terceros por cumplimiento del deber al salvaguardar los derechos, bienes y libertad de las personas, el orden y la paz pública, o para prevenir delitos, cuando sea necesario, para salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de algún peligro".
Además, establece que "cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de otras personas o del elemento, éste podría hacer uso intencional de armas letales, pero sólo en defensa propia o de terceros en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o para evitar un delito que represente una seria amenaza, o para impedir una fuga, cuando otras medidas hayan sido insuficiente".
Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de la "Ley Atenco".
