La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional que presentó Zapopan contra las modificaciones al Código Urbano.
En diciembre del año pasado la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, presentaron una controversia constitucional en contra del Código Urbano.
El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, explicó que la controversia constitucional fue presentada porque un artículo del Código viola la autonomía de los municipios.
En las modificaciones al Código Urbano se obligaba directamente al municipio a pedir licencias en la urbanización a dependencias estatales como es el caso del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) o el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano (CEDU), por lo que Zapopan argumentaba que se violaba su autonomía.
El Ayuntamiento de Zapopan, también obtuvo un fallo favorable sobre el reglamento de construcción que fue impugnado por el CEDU, ya que el organismo no le dio el seguimiento adecuado.
Mientras eso sucede, los desarrolladores de vivienda y los empresarios de la industria de la construcción aguardan a que se concreten las correcciones al Código Urbano.
Carlos Guillermo Salcedo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), dijo que la falta de certeza jurídica provoca que se tengan varios desarrollos intraurbanos que suman más de 6 mil casas al año.
Explicó que el problema del Código Urbano está pegando muy fuerte en la vivienda intraurbana, porque es la que necesita densificación para poder bajarle los precios y que se pueda vender dentro de la ciudad.
“La vivienda que no está densificada, la vivienda adicional o de baja densificación vertical, que está fuera de la ciudad, a esa no le va a suceder nada, pero el problema es el traer a la gente pobre a la ciudad”, explicó.
Dijo que los desarrolladores están construyendo entre 3 mil y 4 mil viviendas al año, pero la idea es hacer muchas más, ahora que se liberen los planes parciales.
“Yo creo que se podrían hacer unas 10 mil casas al año, la idea es ese asunto más que se liberen los planes parciales de Guadalajara, que eso también nos tiene amarrados”, sostuvo.
Además del atorón por el Código Urbano, los desarrolladores enfrentan la problemática de la impugnación a los planes parciales.
“Ahorita tampoco se puede hacer mucha vivienda en el municipio de Guadalajara, porque los planes parciales no están impugnados, entonces no podemos, Tonalá ya tiene planes parciales vigentes nuevos, los demás municipios están trabajando en eso, entonces como que son dos cosas, uno es el código urbano en la vivienda intraurbana y otros son los planes”, dijo.
Afectados
Benjamín Cárdenas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que al igual que los desarrolladores los constructores se ven afectados.
“Nosotros construimos muchos desarrollos a promotores, nosotros somos la empresa que construye, entonces es una cadena que en economía se va arrastrando, si los desarrolladores inmobiliarios no están tendiendo facilidades para la inversión de manera directa la cámara de la construcción en el área de vivienda también nos vemos afectados”, señaló.
Reconoció que no se puede hacer nada jurídicamente hasta que hayan pasado seis meses de que se promulgaron las reformas al Código Urbano.
“Entonces lo que nosotros estamos trabajando de manera intensiva es haciendo mesas de trabajo y propuestas en donde ya en la agenda legislativa está el tema del Código Urbano, estamos tocando las puertas, ejecutivo, legislativo, municipios para que estos cambios no se hagan de manera drástica, la economía del país y del estado no están en condiciones para que esto se pueda hacer y sobre todo en el ámbito urbano, estamos de acuerdo en que se deben mejorar los espacios públicos, las aéreas verdes, pero de manera gradual, una transición, ya que esto pues viene a desincentivar la inversión en las zonas dentro de los polígonos”, sostuvo.
En la Canadevi manifestaron su desacuerdo a las reformas al Código Urbano, en especial porque se les obliga a los fraccionamientos a donar hasta el 30 por ciento del terreno para áreas verdes y de infraestructura.
“En el tema de las áreas verdes yo creo que es más interesante buscar un esquema para poder hacer grandes parques, todos juntos al llenarnos de lotes pequeños o medianos por todo Guadalajara, es difícil mantener, porque son invadidos”, agregó Salcedo.
Las modificaciones al Código Urbano provocaron que se presentaran más de 150 amparos de parte de los desarrolladores y constructores.
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