El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega sostuvo que el síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez se excedió en acusar a Nestora Salgado García, coordinadora de la Policía Comunitaria (PC) en Olinalá de secuestro, ya que el encarcelamiento de la misma fue completamente injustificado.
Ortega Jiménez sostuvo que desde el momento en que Salgado García fue detenida por elementos de la Marina Armada de México, él planteó la necesidad de que se revisaran los delitos que se le imputaban para no cometer un exceso.
"Siempre he dicho que Nestora no es una secuestradora, que la detención del síndico de Olinalá se realizó en circunstancias que en todo caso, debían revisarse para en su momento establecer las atenuantes a favor del servidor público", apuntó.
Indicó que de acuerdo a la información que hay, el síndico Patrón Jiménez fue detenido con base al reglamento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), tras la imputación de una conducta ilícita que era el del robo de ganado.
Bajo dicho elemento, estableció que el funcionario incurrió en un exceso al acusar a la coordinadora de la CRAC en Olinalá de secuestro, pero lo grave fue que el gobierno estatal a través de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) le siguió el juego y se le imputó el delito de secuestro agravado.
En consecuencia, manifestó que los integrantes del Poder Legislativo siempre dijeron que tenían la disposición para promover la aprobación de una Ley de Amnistía que permitiera la liberación de Salgado y otros policías comunitarios presos, entre ellos Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera.
Reconoció que los movimientos que dichos líderes sociales encabezaron de ninguna manera fueron injustificados, tuvieron su origen en los altos niveles de violencia que provocaron que los pueblos en los que viven buscaran mecanismos diferentes de defensa, ante la ausencia de resultados que entregaron las policías legalmente establecidas.
Ahora que el gobierno de Guerrero promovió la declinación de la acción legal, el también coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, dijo que se abre la oportunidad de hacerle justicia a una mujer que lo único que hizo fue colocarse del lado de sus conciudadanos, que en octubre de 2013 eran víctimas de constantes secuestros, extorsiones y asesinatos.
