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53.5% de niños y jóvenes con discapacidad no va a la escuela

En Jalisco, se calcula que menos del 5 por ciento de los planteles cuentan con infraestructura para ser incluyentes.

La brecha para la inclusión educativa de las personas con discapacidad en México aún es muy amplia: Apenas el 46.5 por ciento de los niños y jóvenes entre tres y 29 años de edad, es decir menos de la mitad de quienes presentan algún tipo de esta condición, sea discapacidad visual, motora, auditiva, de habla, intelectual u otra, acude a la escuela, revela la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo al documento, que el Inegi recopila y difunde a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora hoy, la asistencia escolar se mide a partir de los tres años y es un indicador sobre el nivel de inclusión de la población con discapacidad en la educación. Los resultados de la Enadid 2014, muestran que el porcentaje del grupo con discapacidad de tres a 29 años de edad que asiste a la escuela, es inferior al mismo grupo de población sin discapacidad (60.5 por ciento).

Por otra parte, se registran diferencias de inclusión de acuerdo al tipo de discapacidad que se presenta, pero en ningún caso se alcanza a cubrir a la mitad de un grupo. En 2014, la encuesta reporta que la mayor asistencia a la escuela es de la población con discapacidad visual (incluye a quien usa lentes); disminuye a 36.5 por ciento que, en el caso de niños y jóvenes con tienen dificultades para aprender, recordar o concentrarse; a 27.5 por ciento en el caso de las discapacidades para hablar y comunicarse; a 14 por ciento con dificultad para escuchar (aunque use aparato auditivo) y hasta 10.9 por ciento (es decir una de cada diez), en las personas que tienen discapacidad para mover o usar sus brazos y manos; bañarse, vestirse o comer o problemas emocionales o mentales.

La discapacidad puede dificultar el aprendizaje de la lectura. De acuerdo con la Enadid 2014, esto se traduce en que 65 de cada 100 personas con discapacidad de 6 a 14 años saben leer y escribir un recado; situación que aumenta la vulnerabilidad de niños y adolescentes y las posibilidades de ser discriminados y excluidos de oportunidades de desarrollo personal.

El problema no es exclusivo de la niñez. Otro indicador preocupante es que 23.1 por ciento de la población con discapacidad de 15 años y más no cuenta con algún nivel de escolaridad, frente al 15 por ciento de ese grupo poblacional sin discapacidad.

No obstante que la educación es un derecho humano, respaldado también en la Constitución de nuestro país, de su pleno ejercicio están excluidos cientos de mexicanos, si se parte de que al menos el 6 por ciento de los habitantes de México padecen alguna discapacidad (más de 7.2 millones de personas), según el propio Inegi, y que cuatro de cada diez de ellos son niños y adolescentes.

Sin embargo, transferir este derecho de leyes, tratados y de la Convención Internacional en la materia a la práctica, requiere de un gran esfuerzo sintetizado en el término educación inclusiva, que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define como "aquella que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos" (DOF, 2011).

Lo anterior supone desde la adecuación de espacios para facilitar el acceso y que sean inclusivos; así como dotar de herramientas de enseñanza para asegurar su permanencia, describe el Inegi.

Las "Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad" no aportan datos del nivel de inclusión educativa por estado. El titular de la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ), Francisco Ayón López, dijo desconocer el dato al ser inquirido respecto al número/porcentaje de niños con discapacidad que van a la escuela en la entidad. Si bien, reconoció el reto que supone la inclusión en este ámbito.

El secretario de Educación comentó que en Jalisco se calcula que sólo entre el 5 y 6 por ciento de los 13 mil planteles escolares cuentan con infraestructura para ser incluyentes; lo cual se debe en gran medida a que la mayoría de las escuelas fueron construidas hace mucho tiempo, bajo otra política.

"La verdad es que tenemos escuelas con más de 50 años de construcción, más de diez años, sin las facilidades para recibir a personas con discapacidad, y en cada escuela que se nos presenta un caso entramos a la solución específica. En días pasados fui con un director de un preescolar, elegido por examen de oposición, que tiene una discapacidad, y estaremos generando la solución a este problema", ejemplificó.

En ese sentido, sostuvo que "todas las escuelas que se construyen por el actual gobierno cuentan con estas facilidades". Esto respecto al acceso físico al plantel, para quienes presentan una discapacidad motora. En cuanto a otras discapacidades, la apuesta sigue siendo el modelo de inclusión a la escuela regular, o el apoyo en Centros de Atención Múltiple (CAM), donde especialistas en Educación Especial ofrecen el servicio educativo a los alumnos.

"Tenemos los USAER, porque la tendencia pedagógica es que los niños estén integrados en escuelas regulares y para temas muy específicos en los CAM", apuntó.


En Jalisco certifican a 1,800 personas con discapacidad

[OBJECT] A dos meses de su funcionamiento, la Unidad de Valoración de Personas con Discapacidad ha certificado a 1,800 mujeres y hombres, entre cerca de 3 mil interesados que fueron valorados. Sin embargo, sólo se certifica a quienes presentan una condición permanente.

Héctor Figueroa Solano, titular del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Coedis), compartió los datos anteriores, tras resaltar que la puesta en marcha de esta unidad representa un avance en materia de inclusión.

La Unidad de Valoración expide los certificados relativos a la discapacidad que presenta una persona a través de la red de los servicios de salud en el estado y con apoyo del Coedis. Este certificado permite dictaminar el tipo de discapacidad con la que vive una persona y su primer objetivo es generar un registro estatal de este grupo de población, a partir del cual impulsar políticas públicas encaminadas a la atención de problemáticas específicas, la inclusión en todos los ámbitos y la protección de sus derechos humanos.

De acuerdo con el entrevistado, la tramitación de este documento, contemplado en la ley de Atención a Personas con Discapacidad es de carácter voluntario y bajo ninguna circunstancia condiciona el acceso a los diferentes programas sociales que brinda el estado.

Figueroa Solano refirió que el 6 por ciento de la población vive con algún tipo de discapacidad, según el Inegi, pero resaltó que esta cifra en realidad podría superar el 10 por ciento debido al subregistro, y a que muchas personas no se consideran en esta condición.

Dijo que el hecho de que gran parte de las discapacidades sean resultado de enfermedades o acci-dentes, suponen un incremento de personas con discapacidad en los próximos años.

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