A raíz de los daños que sufrieron los vitrales del Palacio de Gobierno, que datan de 1906, se propuso una reforma a la Ley de Protección al Patrimonio Cultural para aumentar las sanciones a quien dañe monumentos históricos.
Marcos Mendoza Vázquez, diputado por Acción Nacional, propone elevar las sanciones de prisión hasta por 10 años y la reparación económica equivalente al daño efectuado a un bien adscrito al Patrimonio Cultural de Nuevo León.
Para ello, se tendrían que reformar el artículo 74 de la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de Nuevo León y el 402 bis 1 del Código Penal del Estado de Nuevo León.
"Se requieren sanciones más severas. Analizando las leyes federales se castiga más a quien dañe el Patrimonio Cultural y queremos que esto se emule en las leyes estatales", apuntó Marcos Mendoza.
No sólo se mencionó el daño causado a los vitrales de Palacio de Gobierno, sino que las sanciones podrían aplicarse a quien derrumbe construcciones históricas sin permiso o quien haga pintas sobre inmuebles considerados patrimonio cultural.
La reforma al Código Penal establece que las sanciones se apliquen cuando alguien dañe un bien de valor científico, histórico, cultural, edificio público, monumento, planteles educativos, equipamiento urbano o bien de dominio público.
La actual legislación estatal impone prisión de seis meses a seis años y multas que van de los cinco a los 50 días de salario mínimo.
En cambio, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos establece prisión de hasta diez años y una multa hasta por el valor del daño causado, como lo establece.
La iniciativa fue presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en espera de que sea aprobada y publicada en el Periódico Oficial de Nuevo León.
KDSC
