En Tamaulipas según el Inegi hay un aproximado de 357 mil niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, y en opinión de los profesionales del derecho deben ser vacunados contra el covid-19 sin discriminación, pues la salud es un derecho universal.
Carlos Santiesteban Gutiérrez, abogado del ramo civil y civil-familiar, señaló que en el caso de los menores que no reciben el biológico puede intervenir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se incumplen tratados internacionales sobre la niñez y la adolescencia.
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Al referirse a la resolución emitida por un juzgado para que este grupo de la población sea vacunado aún cuando estén sanos, señaló que fue una orden judicial que se debería acatar.
“Es un derecho universal tener servicios de salud; el gobierno debe garantizar la salud de toda la población y más tratándose de una pandemia como la que se vive actualmente, es de ley, de justicia, recibir la vacuna para protegernos”.
Santiesteban Gutiérrez reiteró que la vacuna debe aplicarse universalmente, y en caso de negativa, los padres de niños y adolescentes tienen la vía del amparo, aunque reconoció que hay algunos jueces que lo niegan, pero es porque los escritos están mal elaborados, afirmó.
“Yo recomendaría que los padres o tutores acudan con un profesional del derecho para que les haga un amparo. La preocupación que hay en estos momentos es porque ya se quiere regresar a clases presenciales y es un desacierto no inmunizarlos”.
El especialista comentó que el gobierno de la República anunció que apelará la resolución judicial que ordena vacunar al grupo de 12 a 17 años de edad.
“No es justo que solo se vacune a una parte y a otra no, debe ser en su totalidad, sin discriminación para estos menores, para que se respeten sus derechos humanos”.
Carlos Santiesteban precisó que la Comisión de Derechos Humanos es también la encargada de hacer valer estas garantías individuales y tener injerencia sobre la determinación judicial de que se lleve a cabo la vacunación universal a ese sector específico de la población.
“Puede intervenir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en determinado momento que hubiera una controversia muy fuerte y ya resolvería; de persistir la negativa el gobierno estaría incumpliendo tratados de los que es parte”, finalizó.
CGCH
