En los últimos dos meses al menos tres personas han muerto de manera sospechosa en los Penales 1 y 2 de Apodaca, el cobro de piso no cesa y los reos que han contraído el covid-19 viven en situaciones antihigiénicas, denunciaron representantes de Human Rights Watch y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC).
De acuerdo con un escrito girado al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que venció a la 1:00 horas de hoy, Human Rights Watch y CADHAC señalaron que recibieron denuncias de familiares que aseguran la existencia de bandas delictivas que presuntamente controlan las cárceles, además de golpear a internos y obligarlos a pagar sobornos
Te recomendamos
El documento que también va dirigido a la Fiscalía, a la CEDH, y a la Segob, hace énfasis en a las personas con síntomas de covid-19 no se les ha brindado tratamiento médico, y que además se les aísla en condiciones antihigiénicas y degradantes.
José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, y la hermana Consuelo Morales, de CADHAC, indicaron que las autoridades estatales tienen la obligación de proteger la vida y la integridad de todas las personas privadas de la libertad.
“Las autoridades penitenciarias están legalmente obligadas a proporcionar alimentos, agua, ropa de cama y atención médica adecuados y suficientes de forma gratuita. Las autoridades no pueden negar ninguno de estos servicios ni participar en ningún tipo de trato o pena cruel, inhumano o degradante”, afirma el documento.
En este sentido, solicitaron al gobernador a que ordene una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre las denuncias y las tres muertes que ocurrieron en las últimas semanas, con el fin de identificar y sancionar a los responsables.
La organizaciones coincidieron que es necesario que el Estado comparta con la Fiscalía toda la información pertinente; Asimismo, solicitaron a la Fiscalía General de Justicia, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que inicien investigaciones sobre las condiciones carcelarias.
En cuanto a los abusos, las organizaciones recordaron que el 23 de mayo, se instalaron nueve carteles en espacios públicos para dar mensajes anónimos en la zona metropolitana de Monterrey con mensajes presuntamente transmitidos por familias de internos de los penales estatales.
CADHAC dijo que la muerte de tres personas en circunstancias “sospechosas” ocurridas con pocas semanas de diferencia en ambos penales de Apodaca, “es un dato muy alarmante, que pone en duda que las autoridades penitenciarias de ese estado estén cumpliendo con su obligación de proteger la vida de los detenidos”.
Sobre los reos que han contraído covid-19, exhortaron al Gobierno adoptar medidas inmediatas con el fin de reducir la sobrepoblación y asegurar que los detenidos y el personal de las cárceles de Nuevo León puedan observar las recomendaciones de salud y distanciamiento social.
“Lo instamos a cerciorarse de que se identifiquen y traten todos los casos potenciales de covid-19 en las cárceles y se les garantice condiciones de salubridad adecuadas a todas las personas aisladas por posible exposición al virus, incluyendo acceso adecuado a agua, alimentos y atención médica”, agregaron.
En el documento afirmaron que desde mayo las organizaciones han recibido llamadas de varias personas privadas de la libertad en las cárceles estatales Apodaca 1 y 2 y de familiares, quienes manifestaron que los internos estaban siendo aislados por síntomas de covid-19 en condiciones antihigiénicas, sin acceso al agua corriente, artículos de higiene o atención médica.
Pero el 8 de julio, Eduardo Guerrero, asesor penitenciario del gobierno, anunció 44 casos confirmados de covid-19 entre el personal de las cárceles estatales e indicó que 90 internos habían sido puestos en aislamiento en penal Cadereyta.
El escrito va dirigido para Manuel Florentino González, secretario general de Gobierno; Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública; Manuel de la O, secretario de Salud; Luis González González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
